El proyecto para construir las oficinas de la Junta de Evaluación de Discapacidad del Siprosa en terrenos del parque 9 de Julio quedó descartado tras las diferencias surgidas entre la Municipalidad de la Capital y el Gobierno de la Provincia. La propuesta, que había obtenido dictamen favorable en la comisión de Legislación General, fue retirada del recinto de la Legislatura el pasado 25 de septiembre.
El conflicto surgió porque las tierras en disputa, de aproximadamente dos hectáreas, están ubicadas en el corazón del principal pulmón verde de San Miguel de Tucumán. Este parque está protegido por diversas normativas, entre ellas la Ley N° 7.500, que protege el patrimonio cultural de la provincia. La iniciativa del Poder Ejecutivo solicitaba desafectar los terrenos de estas regulaciones para poder construir un edificio que albergaría las oficinas de la Junta de Evaluación de Discapacidad y otros organismos como el Renaper y Anses.
Sin embargo, la Municipalidad no había sido informada previamente sobre el proyecto. Ante la falta de consulta y la vigencia de leyes que protegen el parque, funcionarios municipales solicitaron que el proyecto regresara a comisión para reconsiderar su viabilidad. Además, el comité de Patrimonio de la Provincia tampoco había sido consultado al respecto.
Nuevas alternativas y búsqueda de consensos
En la reunión de la Comisión de Legislación General, encabezada por Gerónimo Vargas Aignasse, estuvieron presentes legisladores y funcionarios municipales, como los secretarios Luis Lobo Chaklián (Obras Públicas) y Julieta Migliavacca (Ambiente y Desarrollo Sustentable). Durante la discusión, ambas partes acordaron evaluar nuevas ubicaciones para la construcción del edificio. Se mencionó la posibilidad de que el proyecto se lleve a cabo en terrenos de Campo Norte.
Por su parte, Migliavacca expresó el apoyo de la Municipalidad a la obra, pero insistió en la necesidad de preservar el parque 9 de Julio como espacio verde: “Queremos que el parque siga siendo un pulmón verde y cuidar cada metro cuadrado que tenemos en la ciudad”, subrayó.
Inversión internacional para una obra clave
La construcción de la torre de discapacidad forma parte de un acuerdo entre la Provincia y la Agencia Nacional de Discapacidad, con un financiamiento de U$S 300 millones provenientes de organismos internacionales. Según Vargas Aignasse, la obra busca centralizar la atención de personas con discapacidad, mejorar los servicios y brindar un espacio adecuado para otras dependencias nacionales.
Finalmente, se espera que el gobernador firme un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad para avanzar en el proyecto. Mientras tanto, se evalúan las alternativas para definir el mejor lugar para la construcción de esta obra, que promete ser una de las más importantes en Tucumán en términos de inclusión y accesibilidad. Además, trascendió que la nueva ubicación será anunciada en las próximas semanas.