La quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves al Congreso de la Nación, con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el parlamento.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), aseguró que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes, a pesar de que este miércoles haya sido sancionado económicamente por la Justicia por el incumplimiento sistemático de la normativa.
«El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111. El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible. Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública», señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.
Quienes también se plegan a la Marcha Federal Universitaria serán distintas organizaciones políticas y gremiales, como las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CGT, La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros.
«Nos movilizamos al Congreso por la educación, la soberanía y la democracia. Confluiremos en la Plaza del Congreso las distintas expresiones y sectores de nuestra sociedad que vienen siendo blanco de las políticas de ajuste y destrucción impulsadas por la gestión de Javier Milei«, indicó la CTA-T.
En la misma línea, el secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, remarcó la importancia de la movilización porque es «fundamental para seguir dando la pelea por la derogación del DNU 70/23»: «Es un decreto que avanza sobre derechos conquistados por nuestro pueblo», agregó.
«Debilita la protección de los trabajadores y busca imponer un modelo de país que beneficia a los sectores concentrados de la economía mientras castiga a las mayorías populares. No podemos naturalizar que se gobierne por decreto, pasando por encima del debate democrático y de la responsabilidad del Congreso. Por el DNU 70/23 el país avanzó hacia la desregularización de la economía, flexibilización laboral y está dejando a millones de argentinos y argentinas expuestos a los intereses del mercador», sentenció.
Por su parte, la CGT expresó que la universidad pública «es una conquista histórica del pueblo argentino» y una herramienta «indispensable» para el desarrollo de una Nación «soberana, con igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente y trabajo digno».
«Defenderla es democratizar el conocimiento y sostener un proyecto de país que ponga el desarrollo nacional y la justicia social en el centro. Marchamos junto a la comunidad educativa porque la universidad pública es un derecho inapelable en la construcción de un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas», indicaron desde sus redes sociales.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, confirmó que los estatales, además de movilizarse este jueves, realizarán un paro por 24 horas porque deben «garantizar que las protestas se multipliquen en todo el país» y aseguró que habrá «expresiones de esta lucha en toda la Argentina».
«Tenemos que ir por todo y ser capaces de voltear este DNU completo porque no es contra de la casta, sino que es contra nosotros para que la casta se llene de guita. Este decreto se transformó en un delivery para las corporaciones y no podemos permitir que quieran seguir gobernando nuestro país a sola firma. Cuando algo no lo pueden lograr por los votos, arman un decreto», explicó.
La concentración de este jueves será desde las 13:30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, que es donde iniciarán su marcha AGD-UBA, y en otras intersecciones de las inmediaciones del Congreso, bajo la consigna central del reclamo por la aplicación «efectiva e inmediata» de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas estudiantiles y el presupuesto universitario.
Luego de publicarse el índice de inflación de septiembre (1,9%), la inflación acumulada durante la actual gestión nacional alcanzó el 344,15%, mientras que los salarios docentes solo aumentaron un 236,6%. Esta brecha se traduce en una pérdida directa del poder adquisitivo.
«No estamos ante un hecho aislado, sino ante un plan deliberado de vaciamiento de la universidad pública. El éxodo masivo de más de 1.200 docentes e investigadores en la UBA demuestra que sin salarios dignos no hay continuidad posible para la investigación científica ni para la enseñanza de calidad en nuestro país», concluyó Carboni desde AGD-UBA.