El conflicto del transporte estalló otra vez en Tucumán. Tras la decisión de los empresarios de recortar la planta de personal, producto de la reducción en los servicios, el gremio de UTA resolvió llevar adelante un paro en las 14 líneas urbanas de la Capital. ¿Cuáles serán los alcances de la medida de fuerza? ¿Hay chances de que se desactive?
El sindicato encabezado por César González tiene previsto que la protesta sea de implementación sorpresiva, sin horario establecido. «En la reunión de delegados se ha resuelto que mañana, si no tenemos una respuesta favorable, se van a paralizar los servicios. La medida está decretada, una vez que paremos, se sostendrá hasta tanto vuelvan a ser reincorporados los 200 compañeros. Si no, no se levanta», señaló el líder de UTA, en relación a las cesantías dispuestas por las firmas nucleadas en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
En principio, esta acción no afectará los servicios interurbano y metropolitano, dado que las cesantías se registraron entre trabajadores (choferes, inspectores y otros empleados) que prestan servicios en recorridos de la Capital.
Los empresarios remitieron las cartas documento a los empleados alcanzados por el ajuste, adoptado bajo el argumento de “razones de fuerza mayor”.
Sin embargo, en UTA sostienen que se trata de despidos injustificados. Por eso, en la mañana de este miércoles acudirán a la Secretaría de Trabajo de la Provincia para exigir a las empresas la restitución de la totalidad de los despedidos. El resultado de esta reunión será determinante dado que, si no obtienen una respuesta positiva, en el gremio de los choferes darán inicio a una huelga por tiempo indefinido.
Al margen del horario en que pueda tener comienzo el reclamo, el servicio en la Capital se verá afectado desde la salida de los primeros coches. Aetat comunicó este lunes una reducción del 40% en las frecuencias en la Capital. Así, las líneas de la 1 a la 19 iniciarán la jornada circulando como un domingo o un feriado. En caso de paro de UTA, sin embargo, dejarán de funcionar.
Los indicios no son favorables en cuanto a una eventual resolución del conflicto en lo inmediato. Aunque el gremio apunta a frenar las cesantías, los socios de la entidad empresaria tomaron la medida de emergencia de forma conjunta. En un comunicado conjunto, expusieron una serie de factores que los llevó a instrumentar el recorte de personal. Además de la imposibilidad de cubrir los costos operativos y de arrastrar varios años de déficit, apuntaron contra las políticas públicas en materia del transporte. En concreto, en Aetat señalaron a la gestión de la intendenta Rossana Chahla por tres puntos de resolución compleja: la falta de regularización de las concesiones -hoy, las 14 líneas son explotadas mediante permisos precarios-; la negativa a aportar subsidios a través de las arcas municipales; y las el rechazo a un incremento en el boleto, hoy fijado en $690.
En cuanto a las concesiones, el secretario de Gobierno de la Capital, Martín Viola, confirmó que se agilizaron los trámites para enviar los pliegos de licitación al Concejo Deliberante. “Estamos convencidos de que existen empresarios con la capacidad y responsabilidad necesarias para ofrecer un servicio de calidad en nuestra ciudad”, fustigó el funcionario. Con relación al boleto, Viola dijo este fin de semana -en sintonía con Chahla- que “debemos respetar a la gente y priorizar las necesidades antes de considerar nuevas subas”. Y ratificó que el municipio no destinará fondos para compensar las tarifas. “Los vecinos de San Miguel de Tucumán pagan sus impuestos para cubrir los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, y no para subsidiar empresas privadas que deben asumir su responsabilidad en la prestación de un servicio digno”, aseveró.
El secretario de Gobierno anticipó que esperarán hasta el viernes, cuando Chahla regrese del viaje oficial a Alemania, para programar una audiencia con autoridades del Gobierno provincial, a los fines de evaluar alguna solución a esta problemática.
Más allá de las soluciones que pueda aportar el Poder Ejecutivo, Jaldo instó a las partes a “seguir dialogando con los colectivos funcionando”, y remarcó que un paro de ómnibus afecta distintas actividades esenciales, como la educación. En esa línea, recordó que las arcas provinciales aportan cerca de $3.000 millones en subsidios al transporte público de la Capital y del interior. “La Provincia no puede más”, aseveró el mandatario.
De esta manera, salvo un giro en este conflicto, el servicio de colectivos comenzará este miércoles con la reducción en los recorridos en la Capital, y se prevé un paro de choferes desde la mañana y por tiempo indeterminado, en reclamo por los 200 despidos.
El impacto de la medida
Fuentes del Ministerio de Educación de la Provincia indicaron a LA GAECETA que las clases serán normales en el ámbito público, y se justificará la inasistencia a quienes residan a más de 20 cuadras del establecimiento. Respecto al ámbito privado, se aconseja consultar con cada colegio. En tanto, el secretario gremial de SEOC Mario Neira dijo que el paro “va a afectar totalmente” a los trabajadores del comercio, y si bien calificó como “un reclamo digno” el reclamo de UTA, recordó que en su rubro la mayoría hace cuatro viajes por día; además, advirtió, resulta clave cumplir con el presentismo para no perder sumas que rondan los $70.000 mensuales. “Más allá de que las posiciones están fuertes, tenemos la esperanza de que se destrabe”, sostuvo el dirigente sindical sobre el conflicto. /La Gaceta