El manejo de las más de 900 toneladas de basura que se producen a diario en el Gran San Miguel de Tucumán y zonas aledañas está en riesgo. El Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) está agobiado por las deudas de gran parte de los municipios y comunas que lo integran, según confirmaron varias fuentes oficiales. También habría un monto pendiente de saldar de la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos. La única administración que no reporta números en rojo es la Capital.
El déficit total sería de $700 millones y hay gestiones que deben desde 2022 y algunas, desde antes.
El organismo, que se encarga de los servicios de separación, traslado y disposición final de los residuos, se quedó sin presidente la semana pasada por este motivo. A un mes de asumir, el titular del Girsu Juan Andrés Robles renunció a ese puesto y al de subsecretario de Gestión Integral de Residuos del Municipio capitalino. Allegados al abogado dijeron que admitieron que dio un paso al costado porque no pudo destrabar el asunto del dinero con el resto de las administraciones. Es reemplazado de manera interina por Oscar Rodrigo.
Robles habría reclamado por diversas vías a los municipios y a la Casa de Gobierno que saldaran los pendientes para regularizar el desfase financiero. No habría obtenido respuestas. El tema se trató, inclusive, en dos reuniones del Consejo de Intendentes.
El Consorcio está integrado por municipios que son socios y otros, adherentes. Además, por una decena de comunas del área metropolitana. Recibe los desperdicios urbanos de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Alderetes, Tafí Viejo, Las Talitas, Lules y Bella Vista. Por su población y producción de residuos, la Capital es la que deposita el 65% del total de los desechos y es quien preside el Consorcio. La administración de Rossana Chahla es la que, al estar al día con los aportes, viene sosteniendo el funcionamiento del sistema, según fuentes del Consorcio. Desde la asunción de las nuevas autoridades, hace un mes, está en marcha una auditoría y los resultados están pendientes.
No todos los miembros tienen convenios por los mismos servicios del Consorcio, que suman tres. La mayoría lleva la basura hasta la planta de San Felipe, donde se hace un mínimo tratamiento y se separan (una de las prestaciones). En camiones bateas se traslada hacia la de Overo Pozo (otro de los servicios) y allí se compacta y se produce la disposición final (el último paso que se puede contratar). Algunas comunas, por ejemplo, llevan directo sus desperdicios a Overo Pozo.
Este predio y el Consorcio fueron noticia hace 15 días, por un incendio que se había desatado en la planta de tratamiento, en el sector de desechos húmedos. Se había efectuado una denuncia en la Justicia para determinar si había sido accidental o intencional. En ese momento se había analizado el hecho de que la empresa que explota el servicio no contaba con recursos necesarios para sofocar incendios debido a que estaban sufriendo malos pagos desde hace un tiempo.
En el ojo
La cuestión de la basura viene en el centro de la escena desde el recambio de gestión. Sucede que todo el circuito de los residuos viene bajo la lupa. Desde que asumió, Chahla tiene pendiente la resolución de la concesión del servicio de recolección. Su equipo debe elaborar los pliegos para la licitación.
La empresa Transportes 9 de Julio está a cargo de esta prestación desde 1991. El último acuerdo comenzó a regir en 2016 y vencía este año, tras ser prorrogado durante la gestión de Germán Alfaro. El ex intendente lo extendió unos meses más y la nueva jefa municipal tiene hasta febrero para reorganizarlo. La recolección demanda alrededor de $650 millones mensuales al Departamento Ejecutivo.
Fuente: La Gaceta