Un sector de la oposición, liderado por la Coalición Cívica, presentó un proyecto para declarar nulo el decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno prorrogó el impuesto del 7% sobre pasajes al exterior. Los diputados argumentan que el Poder Ejecutivo no puede dictar decretos en materia tributaria, según lo establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, y calificaron la medida como inconstitucional. Asimismo, criticaron la forma costosa y compleja en que se fiscaliza su aplicación.
La decisión de prorrogar el impuesto, que contradice la promesa del presidente Javier Milei de reducir la presión impositiva, provocó malestar no solo en empresarios del sector turístico sino también en distintas fuerzas políticas. Gran parte de los recursos generados por el impuesto se destinan al Fondo Nacional de Turismo, controlado por el ministro Daniel Scioli, lo que generó acusaciones de opacidad en la gestión de esos fondos. Referentes de Pro y Unión por la Patria también expresaron sus críticas y señalaron la necesidad de disminuir la complejidad fiscal en lugar de aumentarla.
Mientras la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar la validez de los decretos, permanece inactiva, la oposición considera alternativas para rechazar el decreto en marzo si no se convoca a sesiones extraordinarias. Según la ley 26.122, si los legisladores no se pronuncian en un plazo de 20 días hábiles, el decreto puede ser debatido por las cámaras con mayoría simple. Este procedimiento ya se utilizó el año anterior cuando Milei incrementó el presupuesto de la SIDE.
El debate sobre la constitucionalidad del decreto también alcanzó a reconocidos juristas. Andrés Gil Domínguez, entre otros, advirtió que el artículo 99.3 prohíbe explícitamente los DNU en materia tributaria. Según el constitucionalista, cualquier persona afectada por el impuesto podría impugnarlo judicialmente, ya que implica una violación directa del derecho de propiedad. Añadió que, en última instancia, podría cuestionarse la propia ley que regula el control político de los DNU.