En una presentación dirigida al fiscal federal Gerardo Pollicita que investiga a Manuel Adorni por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que el ahora ex Jefe de Gabinete intentó influir sobre un testigo clave, cuenta con capacidad económica para abandonar el país y perdió su principal arraigo tras renunciar al cargo.
En forma subsidiaria, solicitó que se le prohíba salir del territorio nacional, con retención de su pasaporte.
El escrito fue presentado en la causa por enriquecimiento ilícito que tuvo su origen en la denuncia de la diputada Marcela Pagano, y que fue acumulando la prueba recolectada por el fiscal Pollicita.
La presentación sostiene que existen “riesgos concretos” tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación y afirma que esas circunstancias justifican la adopción de medidas de coerción personal.
En el escrito, Dalbón recuerda que la prisión preventiva “constituye una medida cautelar de carácter excepcional” y reconoce que “la regla durante la sustanciación del proceso penal es la libertad del imputado”. Sin embargo, sostiene que en este caso “concurren los presupuestos que justifican el dictado de la prisión preventiva respecto de Manuel Adorni”.
Manuel Adorni más complicado
Uno de los principales argumentos del planteo gira en torno al supuesto riesgo de que Adorni pueda interferir en la investigación.
Según la presentación, durante la pesquisa “se incorporaron elementos objetivos” que permitirían inferir que el ex funcionario “realizó actos concretos dirigidos a influir sobre uno de los principales testigos de la causa”.
El escrito pone el foco en la declaración del contratista Matías Tabar, responsable de la remodelación de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club. De acuerdo con Dalbón, el testigo declaró que, antes de comparecer ante la Justicia, Adorni lo contactó para solicitarle una reunión y le manifestó: “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”.
Para el abogado, esas circunstancias “evidencian una conducta objetivamente apta para interferir en la producción de una prueba de singular importancia para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
También remarca que, hasta su reciente renuncia, Adorni ocupó “uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la administración pública nacional”, circunstancia que —según afirma— le permitió establecer vínculos políticos e institucionales que “objetivamente consideradas, le otorgan una capacidad significativamente superior para influir sobre personas vinculadas a la investigación, coordinar versiones o dificultar la obtención de nuevos elementos probatorios”.
Además, sostiene que el imputado fue modificando públicamente las explicaciones sobre el origen de su patrimonio conforme avanzaba la investigación.
“Tales contradicciones, lejos de constituir meras manifestaciones públicas ajenas al proceso, evidencian una conducta orientada a modificar reiteradamente la explicación sobre el origen y composición de su patrimonio conforme avanzaban las medidas de prueba”, sostiene el escrito, que agrega que ello “refuerza el riesgo de entorpecimiento”.
La presentación dedica varias páginas a repasar los antecedentes de la investigación sobre el patrimonio de Adorni y menciona específicamente las operaciones inmobiliarias.
Entre los puntos relevantes señala el departamento de Caballito, adquirido por aproximadamente 230 mil dólares, destacando que cerca del 87% del precio habría sido financiado mediante un préstamo hipotecario otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas, sin intervención de un banco.
Recuerda que las vendedoras eran dos mujeres jubiladas, “sin respaldo económico”, lo que, según el escrito, generó cuestionamientos sobre la razonabilidad de la operación.
También menciona que esas vendedoras habían comprado el inmueble pocos meses antes por un precio ostensiblemente inferior, y sostiene que la Justicia analiza si el préstamo fue genuino o un mecanismo para justificar el financiamiento de la compra.
Agrega que declararon las vendedoras y la escribana, quien también intervino en otras operaciones inmobiliarias vinculadas a Adorni y su grupo familiar.
Además, el escrito desarrolla el capítulo referido a la casa del country Indio Cuá Golf Club, inscripta a nombre de su esposa Bettina Julieta Angeletti. Allí recuerda la declaración del contratista Tabar, quien afirmó que realizó una remodelación integral por unos 245 mil dólares y que los pagos fueron efectuados por Adorni, en efectivo.
Riesgo de fuga
Dalbón también afirma que existe un “concreto riesgo de fuga”. Entre los fundamentos menciona la capacidad económica atribuida al ex jefe de Gabinete y recuerda que durante la investigación reconoció la existencia de aproximadamente 500 mil dólares que no habían sido incluidos en sus declaraciones juradas.
“La disponibilidad de recursos económicos de semejante magnitud constituye un elemento objetivo que incrementa sensiblemente sus posibilidades materiales de sustraerse del accionar de la justicia”, afirma.
El escrito agrega que Adorni “ha demostrado contar con acceso a vuelos privados”, lo que, según sostiene, “podría facilitar una rápida salida del territorio nacional o dificultar el efectivo control de sus desplazamientos”.
Otro de los argumentos invocados es la reciente renuncia al cargo de jefe de Gabinete. Para Dalbón, esa decisión implicó “el cese de la principal actividad laboral formal que justificaba su permanencia institucional en el país y, en efecto, su principal arraigo al territorio nacional”.
Con esos elementos, concluye que existen “riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación y de fuga”, por lo que considera que la prisión preventiva constituye “el único medio idóneo para asegurar el normal desarrollo del proceso y la efectiva sujeción del imputado a la jurisdicción”.
En un mail dirigido al fiscal junto a la presentación, el abogado consideró oportuno recordar, como antecedente de relevancia, el caso del exfuncionario y operador del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien permaneció fuera del alcance de la jurisdicción argentina durante varios años invocando una supuesta persecución política.
En caso de que el fiscal no considere procedente solicitar la prisión preventiva, Dalbón pidió que se disponga de inmediato la prohibición de salida del territorio nacional de Manuel Adorni, con retención de su pasaporte y comunicación de la medida a Migraciones y a los organismos competentes.