La Policía Federal (PF) de Brasil acusó este miércoles formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, por sospechas de obstrucción de la Justicia en el marco del juicio sobre la trama golpista investigada en el Supremo Tribunal Federal (STF).
El informe final, que fue divulgado hoy, sostiene que existen indicios de que ambos cometieron delitos de coacción en el curso del proceso y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho.
Eduardo Bolsonaro se convirtió en objeto de la investigación debido a sus actividades en Estados Unidos, donde desde marzo promueve sanciones contra autoridades brasileñas. Según la Procuraduría General de la República (PGR), su comportamiento puede configurar delitos de coacción, obstrucción de investigaciones que involucran organización criminal y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho.
La PGR advirtió además que intentar someter al STF al escrutinio de otro país constituye un atentado a la soberanía nacional, delito tipificado en el Código Penal.
Además, el pastor evangélico Silas Malafaia, uno de los principales aliados del expresidente, también fue blanco de operaciones de la PF. Su celular fue confiscado en el aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro, tras llegar de Lisboa, y se le retiró el pasaporte, además de prohibírsele mantener cualquier contacto con Jair y Eduardo Bolsonaro.