El debate por la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) se llevará a cabo el próximo jueves, donde el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos, no sin controversia ni resistencia de los sectores ambientalistas.
En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, se propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994.
El rechazo
Los bloques opositores, como es el caso de la mayoría de los legisladores justicialistas, rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población.
Mientras el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminiería y facilitar el desarrollo económico en empresas de hidrocarburos, el bloque peronista defiende la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, principal objetivo de la ley vigente.
Sin embargo, el bloque de LLA en la Cámara alta aseguró que la normativa actual genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones» y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que «cumplan una función hídrica efectiva y estratégica» y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.
Por otra parte, señalaron que, de ser aprobada, las provincias tendrán mayor autonomía para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Historia de un conflicto
Desde el año pasado, cuando se planteó que este proyecto se debatiría en extraordinarias, se supo que los senadores peronistas que representan a esas provincias estarían «bajo presión» dentro de su propio bloque, ya que la ley actual frena proyectos mineros y genera cierta polémica sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.
Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.
Las posturas
El presidente del bloque justicialista (PJ), José Mayans, mantiene una posición crítica, que se alinea con sectores sindicales y que busca proteger los recursos hídricos.
Si bien el peronismo, en su mayoría, cuestiona la reforma propuesta, hay senadores de provincias mineras como San Juan o Catamarca que apoyan una restricción más fuerte en las áreas protegidas para permitir los proyectos que pretenden llevar adelante.
La letra oficial
La ley vigente establece una amplia protección que resguarda tanto los glaciares como el ambiente periglacial, como los suelos congelados que también regulan el agua, y prohíbe actividades que afecten su integridad, específicamente la minería y la exploración de hidrocarburos en las zonas afectadas.
Los senadores que apoyan la modificación fundamentan que se busca dar «certezas técnicas» para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, sin eliminar las auditorías.
El proyecto alternativo de la oposición
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó, semanas atrás, un «contraproyecto» que tiene como objetivo fortalecer el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La iniciativa surgió como respuesta al proyecto del Ejecutivo nacional que pretende facilitar la explotación minera e hidrocarburífera en zonas protegidas.
En principio, propone restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y ambiente periglacial; asegurar que el agua proveniente de estas formaciones es un recurso natural estratégico de interés nacional y, por ese motivo, priorizar su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.
Además, propone la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares para garantizar un monitoreo científico constante de las reservas hídricas y definir la protección de los glaciares como una cuestión de soberanía y derechos de las poblaciones, que dependen de estas cuencas hídricas, ante el avance del cambio climático.