La propensión local a incumplir los marcos regulatorios sigue alimentando la salida de grandes empresas internacionales. Los tiburones locales, cazadores de oportunidades con buena llegada a la política, están de festejo.
En los últimos veinte años, casi nunca se siguió el marco legal de las concesiones de las distribuidoras eléctricas. Las empresas solo pudieron aplicar la revisión integral de tarifas -un principio establecido en las privatizaciones de esas compañías, que antes eran públicas- en 2017 y 2018. El resto del tiempo estuvieron sujetos a decisiones de sus reguladores. Como tal, fueron arbitrarias, y sin la aplicación de una fórmula preestablecida.
Enel posee un negocio de generación y otro de distribución. Se irá de ambos. Pero del primero está más cerca de salir. En cambio, la distribución -concentrada en Edesur- es más compleja. Las empresas entienden que las tarifas de luz de Buenos Aires están atrasadas en un 300%.
Todo indica que la propiedad de Edesur terminará en manos nacionales. Eso sucedió casi siempre en las dos décadas de migración de extranjeros. En Edenor, Électricité de France le cedió su parte a Pampa (de Marcelo Mindlin, que la traspasó luego en 2020). En Metrogas, British Gas también claudicó. En Aguas Argentinas (ahora Aysa), el grupo galo Suez fue desplazado por el Estado nacional, a cambio de un resarcimiento posterior.
En Edesur confluyen problemas del país con inconvenientes propios de la empresa. A la incertidumbre regulatoria se sumó el acoso político: los intendentes se pasaron todo el 2020 pidiendo que el Estado nacional rescindiera esa concesión. El problema es que no hubo ningún interesado en asumirla. Además, varios técnicos que pasaron por la empresa dicen que necesita una importante inversión para mejorar su infraestructura.
“Necesitamos un marco regulatorio claro y estable”. ”No hay una regla definida, la que sea, sobre si las tarifas siguen la inflación, el nivel salarial, el Indec o alguna fórmula matemática que no sea una decisión política», le explicó Claudio Cunha -el brasileño que tiene Edesur a cargo- a Clarín a comienzos de año. Al momento de esa entrevista, miles de hogares estaban sin luz.
Esa ha sido otra de las características de Edesur. Una mayor cantidad de cortes que Edenor, que posee la otra mitad de la concesión. Ambas se repartieron, exactamente hace 30 años, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano en la privatización de la estatal Segba. Esta última fue una pesadilla, con sus “cortes programados” (de varias horas por días) y un funcionamiento burocrático propio de una película de terror.
“En Edesur, tenemos dos tercios de la ciudad de Buenos Aires y Edenor tiene el otro tercio. Cuando se da un corte, el tiempo de reparación en la ciudad de Buenos Aires es más largo, porque tenemos que romper la vereda, porque tengo un montón de servicios que pasan por allí, cables, comunicación. Después, en la parte de concesión de la provincia. tuvimos mucho más incremento y desarrollo inmobiliario que en los últimos años a lo que fue Edenor”, se excusó Cunha cuando fue interrogado al respecto.
Edesur le deparó inmensos réditos a sus primeros accionistas, los de los 90: el grupo Pérez Companc y la chilena Enersis. Después, la propiedad pasó a manos de españoles (Endesa) e italianos (Enel), lo que coincidió con la época en que se alteraron las regulaciones.
El péndulo de la política local implicó congelamiento tarifario entre 2002 y 2015, fuertes subas entre 2016 y 2019, y la vuelta al retraso en las boletas desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández hasta la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía.
En el sector encima aclaran que los aumentos en la administración de Mauricio Macri no fueron directos a las arcas de las empresas. “Los de 2016 fueron para que los hogares paguen mayor porcentaje del costo de generación eléctrica”, refutan.
Las privatizaciones de las empresas de servicios públicos son imprescindibles para entender la convertibilidad y la década del ‘90. Los mayores jugadores internacionales llegaron a desembolsar cientos de millones de dólares para adquirir el control de las compañías de electricidad, agua o gas. Pero esa esquema colapsó con la devaluación de 2001-02: se rompieron todos los contratos y los marcos regulatorios quedaron -casi- como papel mojado.
Aunque el futuro de Edesur pinta nacional, la tarea dista de ser sencilla. Un consorcio encabezado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti se quedó con la mayoría de Edenor. Ese trío de empresarios orbita en torno de Sergio Massa, una de las partes de la coalición de gobierno. La aprobación de la operación por parte del Poder Ejecutivo igual tuvo ciertas deliberaciones internas.
Los inversores interesados en Edesur esperan algún acuerdo entre las fuerzas políticas para una política económica de largo plazo, que incluya las tarifas. La oscilación entre kirchnerismo y macrismo, yendo de un extremo al otro, perjudican esa misión. Mientras tanto, los gigantes extranjeros que hundieron fortunas siguen la retirada, y los buscadores de gangas, que pueden comprar en US$ 100 millones una empresa que llegó a valer US$ 5.000 millones -como Edenor- están de parabienes.