Tal como se esperaba, el ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo, ordenó suspender la segunda actualización de las tarifas de luz y gas previsto para mayo. El objetivo de la medida es uno solo: retrasar subas para que no impacten en el índice de inflación que mide todos los meses del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y así seguir sosteniendo el relato de la deflación que está logrando el Gobierno sobre la base de pisar subas.
Caputo envió una carta al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para oficializar de esta manera la decisión que ya se conocía desde el 30 de abril pero que debía todavía recorrer el proceso administrativo obligado para poder avanzar en su implementación.
Según consignó este lunes EconoJournal, la carta de Caputo señala que «con el objeto de consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno, verificado a la fecha, resulta razonable y prudente postergar en el mes de mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas en las resoluciones de los entes reguladores y los aumentos del PEST correspondiente a energía eléctrica y del PIST en el gas”..
Si no se suspendían estas subas, los usuarios de un hogar N1 (altos ingresos) hubieran percibido un incremento del 77% en el precio mayorista de la energía. En tanto, en la boleta de gas implicaba, por ejemplo, que un usuario residencial del segmento 1 (altos ingresos) pasara de pagar en abril 2,79 dólares por millón de BTU a 4,49 dólares.
Se prevé que el Gobierno retome los cronogramas de subas de tarifas en junio ya que en la misiva Caputo indica que los entes reguladores deben proceder “exclusivamente a la postergación en el mes de mayo de la aplicación de las actualizaciones dispuestas”. Es decir, que las subas impactarían recién en las facturas que llegarán en julio.
En febrero, la Secretaría de Energía aplicó un aumento en el precio mayorista del servicio eléctrico y hubo subas en las tarifas de hasta un 120% para los sectores de mayores ingresos, uno de los componentes de la tarifa total que impactó solamente sobre usuarios residenciales que están catalogados como “Nivel 1 de la segmentación” y que renunciaron o no pidieron los subsidios a la energía.