Marcelo Lizárraga, apoderado legal y representante del interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), denunció «prácticas autoritarias y maniobras abusivas» en el Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia. Lo hizo en un escrito que presentó ante el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf.
El conflicto comenzó cuando José Díaz, actual interventor de la CPA, detectó irregularidades en la entidad que habían sido aprobadas por el Tribunal de Cuentas durante la gestión pasada, según la denuncia realizada. En esa maniobra se habrían detectado actividades ilegales que habrían sido efectuadas por Esteban González, asesor de la CPA entre 2012 y 2016 y empleado del Tribunal.
Desde la CPA señalaron que González es pariente de Terraf, la máxima autoridad del Tribunal, por lo que cuenta con la protección de ese organismo de control. Según el representante de Díaz, este parentesco es un agravante. Por eso pidieron que Terraf se excuse para asegurar la imparcialidad del proceso. Aun así, Terraf se negó a la posibilidad de recusarse.
En este contexto, Lizárraga pidió la suspensión de los plazos procesales y solicitó nuevamente la recusación de Terraf. Además, extendió el pedido de recusación a dos empleados del Tribunal: Atilio Peluffo y Ramiro González Navarro. En la presentación se los acusa de falta de imparcialidad.
El Tribunal de Cuentas solicitó un Juicio de Responsabilidad contra el interventor de la CPA y 50 empleados debido a la autorización de comisiones de servicios para prestar tareas en otras reparticiones. Sin embargo, Lizárraga advirtió que tanto Peluffo como González Navarro cumplieron funciones en la CPA y emitieron numerosas comisiones que «no recibieron observaciones ni fueron objetadas» por el Tribunal de Cuentas.
En su descargo, Lizárraga argumentó por qué considera que el proceso que está llevando a cabo el Tribunal se encuentra viciado. Según el escrito presentado, tras denunciar las maniobras presuntamente ilegales realizadas en la gestión pasada, el Tribunal designó nuevos delegados fiscales, quienes habrían incurrido en conductas abusivas. Además, el letrado señaló que a partir de esa denuncia se generaron cambios en los «criterios de control» que se habían mantenido con la CPA hasta el momento. «Esos criterios cambiaron sin ningún tipo de aviso y, de esa forma, se generaron objeciones y sumarios en contra de la institución, por aplicar el mismo criterio que el Honorable Tribunal de Cuentas aplicó durante años», explica Lizárraga.
En este sentido, el abogado afirmó que la imputación está viciada y es nula. También señaló que los cargos imputados a Díaz «no reúnen los requisitos para ser considerados válidos» y resultan «violatorios del derecho de defensa».