El Senado sesionará este viernes desde las 12 para tratar el Presupuesto 2026, una de las leyes centrales para el Gobierno de Javier Milei, que necesita sancionarlo sin modificaciones para evitar que el proyecto vuelva a Diputados. Aunque el oficialismo llega con los votos necesarios para la aprobación en general, la discusión se concentra en el artículo 30, que elimina metas legales de financiamiento a la educación y la ciencia y genera resistencias incluso entre aliados.
La sesión extraordinaria fue convocada para debatir dos proyectos: el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal, que habilita el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal. En el caso del Presupuesto, el objetivo de La Libertad Avanza (LLA) es aprobar el texto tal como llegó desde la Cámara baja, sin reabrir el debate por artículos sensibles que ya obligaron a retroceder al oficialismo semanas atrás.
Qué se vota y por qué es clave para el Gobierno
El proyecto fija la hoja de ruta fiscal para 2026, luego de dos años consecutivos de prórroga del Presupuesto 2023. Para el Ejecutivo, su sanción es clave por tres motivos: le permite proyectar gastos y recursos, habilita operaciones de financiamiento y funciona como una señal política hacia los organismos internacionales y los mercados sobre la capacidad del Gobierno de construir mayorías legislativas.
El texto aprobado por Diputados prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial de $1.423 a diciembre de 2026, cifras que incluso dentro del Congreso se consideran optimistas. También incluye facultades para el Ministerio de Economía en materia de administración de pasivos y reestructuración de deuda, uno de los puntos más valorados por el ministro Luis Caputo frente a los vencimientos externos previstos para el próximo año.
El foco del conflicto: el artículo 30
La principal tensión de la sesión estará puesta en el artículo 30, que dispone la derogación de compromisos de financiamiento establecidos por ley. En concreto, elimina:
El objetivo del 6% del PBI para educación, fijado en la Ley de Educación Nacional.
El esquema de incremento progresivo del financiamiento científico hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, previsto en la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La asignación del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para la educación técnico-profesional.
Ese artículo comenzó a recibir objeciones desde la Unión Cívica Radical (UCR) y desde sectores aliados al oficialismo. Cuatro de los cinco senadores del bloque Convicción Federal anticiparon que votarán a favor del Presupuesto en general, pero rechazarán el artículo 30. Entre los radicales, también adelantaron su negativa Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, según fuentes parlamentarias.
En este escenario, el resultado de la votación en particular podría depender del nivel de ausentismo o abstenciones, ya que una menor cantidad de senadores sentados en sus bancas reduce el número de votos necesarios para aprobar cada artículo.
Para la votación en general, el oficialismo llega con una base sólida. LLA cuenta con 21 senadores entre propios y aliados directos, a los que se suman respaldos del radicalismo, del PRO, de bloques provinciales y de legisladores alineados con gobernadores. Según los cálculos del oficialismo, el proyecto podría alcanzar o superar los 45 votos, muy por encima de los 37 necesarios.
Convicción Federal reúne cinco senadores: Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Fernando Rejal (La Rioja). De ese grupo, solo Rejal mantiene una posición de rechazo total, en línea con el gobernador Ricardo Quintela.
Otra incógnita es el comportamiento del Frente Cívico de Santiago del Estero, integrado por Gerardo Zamora y Elia Esther Moreno. En Diputados, legisladores que responden al exgobernador santiagueño alternaron votos negativos con ausencias estratégicas, una conducta que podría repetirse para facilitar el trámite sin respaldar explícitamente los artículos más controvertidos.
Universidades, ciencia y escuelas técnicas: qué cambia en 2026
El punto elimina metas de financiamiento que hoy están garantizadas por ley para la educación y el sistema científico, y redefine el esquema de asignación de recursos para universidades nacionales, investigación y formación técnica a partir del próximo año.
En el caso de las universidades, el cambio más relevante es la derogación del objetivo legal que establece que el Estado debe destinar el 6% del PBI a educación, un parámetro que funciona como piso orientativo para el conjunto del sistema. Con su eliminación, el financiamiento universitario queda atado exclusivamente a la decisión anual del Poder Ejecutivo y a la ejecución presupuestaria, sin una obligación legal que respalde la previsibilidad de gastos en salarios, funcionamiento, becas y programas académicos.
Algo similar ocurre con el sistema científico. El artículo 30 deja sin efecto la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijaba un sendero de crecimiento progresivo de la inversión pública hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. De aprobarse, ese esquema desaparece y el Estado ya no estará obligado a incrementar de manera gradual los recursos destinados a organismos como el Conicet, institutos tecnológicos y proyectos de investigación estratégicos.
La educación técnico-profesional también queda alcanzada por el recorte normativo. El artículo deroga la asignación específica del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para las escuelas técnicas y la formación profesional, un fondo clave para el sostenimiento de talleres, equipamiento e infraestructura, rubros que demandan inversión constante.
El oficialismo descarta introducir cambios. Cualquier modificación obligaría a devolver el proyecto a la Cámara baja, que ya tiene previstas sesiones el 29 y 30 de diciembre —y eventualmente el 5 de enero— para ese escenario. Por eso, una de las estrategias evaluadas es votar el Presupuesto “a libro cerrado” o avanzar por capítulos, una modalidad que ya se utilizó en Diputados pero que implica el riesgo de que se caigan artículos completos, incluidos los vinculados al sistema educativo.
Quedó descartada, en cambio, la idea de reincorporar fragmentos del eliminado capítulo XI, que contenía la derogación de la emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario y que concentró el rechazo opositor en la Cámara baja.
Desde el oficialismo aseguran que el Presupuesto se aprobará este viernes y confían en sostener el artículo 30 con ayuda de sectores del peronismo alineados con gobernadores. Desde la oposición, en cambio, advierten que el debate sobre educación, ciencia y formación técnica tendrá mayor visibilidad que en Diputados y podría alterar el resultado final.
Esta vez el Gobierno apuesta a que la llamada «ley de leyes» sea sancionada porque su sanción, más allá de que se deberían readecuar partidas por el freno del Congreso a dejar sin efecto las leyes de Financiamiento Univeristario y de Emergencia en Discapacidad, le aseguraría una señal de confianza ante los mercados y ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Fuente: Perfil