El gobierno de Javier Milei experimentó un duro revés con el tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. El paquete de reformas fue devuelto a comisión, por lo que será revisado nuevamente tras la falta de consenso con los bloques “dialoguistas”.
A través de la Ley Ómnibus, el oficialismo contemplaba suspender la movilidad jubilatoria. La intención era ajustar los ingresos de los jubilados de acuerdo al índice de inflación de abril.
Sin embargo, con el retorno del megaproyecto de ley al plenario de comisiones, surge la incertidumbre sobre el curso que tomará la reforma provisional y cómo se calcularán los próximos aumentos para los jubilados y pensionados.
Qué pasará con las jubilaciones
La fórmula de movilidad jubilatoria continúa vigente sin ningún tipo de cambio, por lo que el próximo aumento será en marzo de 2024.
La Ley de Movilidad Jubilatoria en vigor determina ajustes trimestrales en los pagos a jubilados y pensionados. Este cálculo se basa en una fórmula que combina el 50% de la recaudación de la ANSES y otro 50% vinculado a la variación salarial.
La última actualización se llevó a cabo en diciembre, con un aumento del 20,87% respecto a los pagos recibidos en noviembre. Según alertó la abogada Tamara Bezares en Crónica, el cálculo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) daría un aumento del 33,5% para marzo.
Si ese porcentaje se aplicara a los montos actuales, la jubilación mínima ascendería a $141.000 y la Pensión No Contributiva (PNC) alcanzaría los $98.000, sin contar con ningún tipo de bonificación.
Ya para el mes de abril, se cumpliría el acuerdo entre el gobierno y los diferentes sectores políticos de aumentar las prestaciones acorde al índice de inflación.
Cuál era la propuesta del oficialismo para las jubilaciones
El capítulo III del proyecto plantea quitar la actual modalidad de las prestaciones establecidas en la Ley 24.241. Por medio del artículo 106, proponía la suspensión de la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria, utilizada para actualizar los haberes por jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Asimismo, suspendía la vigencia para la prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.
Este punto equivalía al 0,4% del PBI. El proyecto original otorgaba al Gobierno la facultad de establecer una fórmula automática de ajuste “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
“Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, consignaba.
Sin embargo, durante el transcurso de las negociaciones, el oficialismo renunció a la facultad de fijar aumentos por decreto y había acordado que el ajuste de los pagos de jubilaciones y pensiones se realizaría a partir de abril de este año mediante la actualización por la inflación a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.