Un agente del Servicio Penitenciario de Tucumán fue detenido por haber asesinado de un disparo a un joven de 20 años acusado de robo y por haber herido a un adolescente de 15 en la zona del parque Guillermina. Según la investigación, ambos jóvenes y un tercer acompañante de 18 años habrían sustraído una bicicleta a un sacerdote momentos antes del ataque. El Ministerio Público Fiscal formularía cargos en su contra este jueves.
El hecho comenzó a investigarse el martes por la mañana, cuando vecinos del barrio Guillermina alertaron a la policía sobre la presencia de un joven sin vida en la intersección de la avenida Mate de Luna y calle Rufino Cossio.
En cuestión de minutos, la zona fue cercada por efectivos policiales y el tránsito permaneció interrumpido hasta pasadas las 14. Los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) examinaron el cadáver e identificaron a la víctima como Nelson Lautaro Pérez, un joven de 20 años que se encontraba en libertad condicional por una causa de robo agravado.
Mientras la División de Homicidios realizaba las primeras pericias, un joven de 18 años, identificado como J.B.J., declaró a los investigadores que él, Pérez y un menor de 15 años circulaban en la motocicleta de Pérez cuando interceptaron a un hombre en la calle San Martín y le robaron su bicicleta.
Según su testimonio, mientras escapaban, un hombre desconocido efectuó varios disparos, impactando uno de los proyectiles en Pérez y otro en el menor, quien fue trasladado al hospital Padilla y permanece fuera de peligro.
Horas después del crimen, el padre José Abuín, sacerdote de la iglesia San Martín de Porres, se presentó en la comisaría 7 para denunciar que esa mañana, alrededor de las 7, tres personas a bordo de una motocicleta lo habían asaltado y le habían robado la bicicleta. Relató que, tras el robo, un hombre en motocicleta se acercó, se identificó como policía federal y lo ayudó a recuperar el rodado.
Con esta nueva información, la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y, tras entrevistar a testigos, identificó al atacante como Lucas Gaitán Soraire, un guardiacárcel de 30 años.
Según informaron fuentes judiciales, Gaitán Soraire se encontraba con una mujer cuando observó el robo y decidió perseguir a los delincuentes por varias cuadras hasta alcanzar la intersección de las calles Godoy Cruz y Félix de Olazábal, donde se escucharon tres detonaciones. Los ladrones continuaron su huida, pero Pérez y el menor herido cayeron de la motocicleta al cruzar la avenida Mate de Luna.
Horas después del ataque, la mujer que acompañaba a Gaitán Soraire se presentó en la policía y aclaró que el hombre no era un policía federal, sino un agente del Servicio Penitenciario. Con esta información, el fiscal Carlos Sale, titular de la Fiscalía de Homicidios II, ordenó la detención del sospechoso.
Además, los efectivos secuestraron de la Unidad 10 del penal de Villa Urquiza un arma de fuego y 12 cartuchos de nueve milímetros, coincidentes con el proyectil que impactó contra Pérez. Según la investigación, el arma no pertenecía a Gaitán Soraire, sino a su padre, ya que el acusado había ingresado al Servicio Penitenciario hace apenas seis meses y aún no contaba con su arma reglamentaria.
E abogado defensor de Gaitán Soraire, Javier Lobo Aragón, aseguró que su cliente actuó en defensa del sacerdote y que los disparos fueron realizados con la intención de disuadir a los ladrones. “Quiero que quede claro que él hizo lo que tenía que hacer. La persona que estaba siendo asaltada pidió auxilio, él disparó y no se representó que había herido de muerte al joven”, afirmó el letrado.
El defensor también explicó que Gaitán Soraire no se presentó ante las autoridades antes porque desconocía la gravedad del hecho. “Él no sabía que esta persona había fallecido. Hizo disparos disuasivos porque le sacaron un arma. Si hubiera querido escaparse, no habría ido a trabajar”, sostuvo.
El auxiliar de fiscal Miguel Fernández será el encargado de formular los cargos contra Gaitán Soraire. En principio, se prevé que sea imputado por exceso en la legítima defensa, un delito que contempla una pena de cumplimiento condicional. Dado que aún restan medidas por realizarse, se solicitaría la prisión preventiva del acusado, aunque con la posibilidad de que sea bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La causa sigue en investigación y la justicia deberá determinar si el accionar del guardiacárcel fue legítimo o si, como sostienen los fiscales, excedió los límites de la defensa propia, provocando un homicidio en el marco de un robo callejero.
Fuente: Contexto