Una trabajadora del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) fue condenada a devolver cuatro millones de pesos que recibió por error en su cuenta bancaria. El dinero había sido transferido por el organismo provincial debido a una equivocación administrativa.
Según se estableció en el expediente, la Dirección de Tesorería del organismo realizó la transferencia por error a la cuenta sueldo de la empleada debido a la similitud entre nombres, lo que provocó que el dinero llegara a la persona equivocada.
El caso fue analizado por el juez Martín Peliquero, quien consideró probado que el organismo sufrió un perjuicio económico al enviar el dinero por error y que la trabajadora incorporó esa suma a su patrimonio sin una causa legal que lo justificara.
Qué pasó después de la transferencia
De acuerdo con la demanda presentada por el organismo, cuando se comunicaron con la empleada para informarle sobre el error, ella respondió inicialmente que no sabía nada del tema y que se encontraba ocupada.
En un segundo contacto, la mujer explicó que pensaba que el dinero podía estar relacionado con un juicio y reconoció que ya lo había utilizado para comprar un terreno. En ese momento también se negó a devolver la suma.
Posteriormente, los registros mostraron que se realizaron extracciones y movimientos en la cuenta luego de que la trabajadora supiera que se trataba de una transferencia equivocada.
La situación también fue analizada en el fuero penal, donde se inició una denuncia contra la trabajadora por la posible apropiación de dinero ajeno.
Sin embargo, el proceso penal terminó con un sobreseimiento por extinción de la acción penal, luego de que la acusada pagara la multa mínima prevista para ese tipo de delito.
A pesar de esa resolución, el juez Martín Peliquero explicó que en el proceso civil debía analizarse igualmente lo ocurrido a partir de los hechos que habían sido reconocidos en la investigación.
Durante el proceso, la mujer sostuvo que no actuó con intención de quedarse con el dinero y aseguró que no buscó apropiarse indebidamente de los fondos.
También argumentó que su situación económica y la posterior exoneración de su cargo le impidieron devolver el dinero de inmediato. De todos modos, manifestó su disposición a reintegrarlo y solicitó que se reduzcan los intereses y que se descuenten las retenciones que ya se habían realizado sobre su salario.
El fundamento del fallo
El magistrado encuadró el caso dentro de la figura de enriquecimiento sin causa, prevista en los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
Esta norma establece que una persona no puede beneficiarse económicamente cuando ese beneficio proviene de un error o del perjuicio de otra parte sin justificación legal.
En ese sentido, la Justicia determinó que el organismo público sufrió una pérdida económica involuntaria y que la empleada recibió un beneficio que no tenía derecho a conservar, por lo que deberá restituir los cuatro millones de pesos.