El gobierno de Javier Milei impulsó una política de ajuste desde que asumió la presidencia. A partir de 2024, los recortes se intensificaron con el objetivo de cortar con el déficit fiscal y pasar a mantener superávit, una política que resulta «permanente».
El ajuste en el Estado superó los 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y apenas superó el punto en el conjunto de las provincias. Los ingresos, en tanto, cayeron menos de un punto a nivel nacional y más de un punto a nivel provincial.
Los datos surgen del último informe que elaboró la Fundación Libertad en base a la ejecución presupuestaria, resultados fiscales y distribución del gasto público entre 2023 y 2025 de Nación y las 24 subjurisdicciones.
La reducción del gasto se tradujo en un recorte de 4,5 puntos para Nación: en porcentaje del PIB, pasó de 17,8% a 13,3%. Para el conjunto de las provincias fue algo menor, pasando de 16,7% a 15,4% (-1,3 puntos).
Si se mira la dinámica de los ingresos cambia el esquema. A nivel nacional perdieron apenas 0,3 puntos (de 14,5% a 14,2%), mientras que en los subterritorios fue de 1,3 puntos (16,8% a 15,5%).
Ajustado por inflación —es decir, en términos reales—, el Gobierno nacional redujo su gasto primario un 27,8%, frente a una disminución del 10,6% en las provincias. En contraste, los ingresos nacionales cayeron un 5,5% real, mientras que los ingresos provinciales se contrajeron un 11,2%.
“En 2023, Nación registraba un déficit primario equivalente al 3% del PIB, mientras que las provincias se encontraban, en conjunto, prácticamente equilibradas. A partir de allí, el Gobierno nacional implementó un ajuste deliberado que permitió transformar ese déficit en un superávit primario superior a un punto del PIB tanto en 2024 como en 2025. Las provincias, por su parte, preservaron una situación cercana al equilibrio, pero debieron reducir sus gastos frente a la caída de los ingresos. Parte de esa contracción respondió al recorte de las transferencias discrecionales realizado por Nación y parte a la disminución de los recursos provenientes de impuestos nacionales coparticipables y de la recaudación propia”, explicó el informe.
Cómo se movió el gasto en relación al tamaño de cada economía
En otro apartado se analizó la participación del gasto primario de cada provincia como porcentaje de su Producto Bruto Geográfico (PBG). Este indicador representa el valor total de los bienes y servicios producidos dentro de cada jurisdicción y permite dimensionar el gasto provincial en relación con el tamaño de su propia economía.
La de mayor valor fue Formosa, alcanzando el 50%. Es decir, su gasto equivalió a aproximadamente la mitad de su economía. Luego, en el resto de las provincias el gasto va desde el 35% y desciende hasta el 9% de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Pero la ecuación cambia cuando se analiza el gasto como porcentaje del PIB nacional: dada la dimensión de su economía, CABA fue la provincia con mayor incidencia (4,2%), mientras que Formosa se ubicó en el extremo opuesto (0,32%).
Neuquén como caso excepcional
El territorio que comanda Rolando Figueroa fue el único de las 24 jurisdicciones que incrementó sus ingresos en términos reales durante el período analizado (2023-2025).
El aumento alcanzó los $1.134.140 millones a precios de 2025, equivalente al 2,22% de su PBG de ese año. Al mismo tiempo aumentó su gasto, por lo que sus recursos subieron 18,1% y sus erogaciones 18,7%. La expansión de la actividad hidrocarburífera asociada a Vaca Muerta aparece así reflejada con claridad en sus cuentas públicas.
En el extremo opuesto se ubicó La Rioja, que fue una de las provincias obligadas a realizar uno de los ajustes más intensos (-22% del gasto primario) frente a la caída de sus ingresos (-24%). “Su elevada dependencia de las transferencias nacionales y su limitada capacidad de generación de recursos propios restringieron considerablemente el margen de respuesta fiscal”, comentaron desde la Fundación.
De vuelta, solamente en 2025, aparece el Estado nacional con el mayor ajuste realizado en sus cuentas públicas (-27,8% del gasto primario) y una caída de ingresos menor que la de la mayoría de las provincias.
“En efecto, la sostenibilidad de la nueva configuración fiscal requerirá ampliar la mirada desde el resultado del sector público nacional hacia el conjunto de las administraciones públicas. El margen de consolidación no puede determinarse únicamente mediante cifras agregadas ni suponerse uniforme entre provincias: depende de la composición y rigidez del gasto, de las funciones asignadas a cada nivel de gobierno y de la situación productiva y fiscal de cada jurisdicción”.