La reforma impositiva sigue en pie, pero no a la velocidad que quisiera la administración del presidente Javier Milei. El Gobierno dio más indicios de que está dispuesto a retocar el esquema tributario, como lo hizo, en los últimos días, con la baja de las retenciones a las exportaciones del agro. Desde el Ministerio de Economía, a su vez, se hizo un llamado para que gobernadores e intendentes de todo el país revisen el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales a las ventas. El planteo es pertinente ya que las distorsiones en el sistema tributario están entre los principales factores que quitan competitividad a la producción nacional, indica el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). También es correcto asumir que la reforma tributaria es un desafío que debe ser abordado con un acuerdo entre los tres niveles de gobierno. Acciones puntuales, como alguna baja de impuestos, son un alivio y un buen gesto, pero no la solución, expresa.
El último antecedente de acuerdo con las provincias fue el Consenso Fiscal 2017 en el que se contempló un cronograma de disminución gradual de las alícuotas de Ingresos Brutos. Dado que la estrategia fracasó cabe hacerse la pregunta de si esto fue consecuencia de falta de voluntad política o de inconsistencia esencial en su diseño. De cara a no repetir frustraciones es importante indagar en los motivos de este fracaso. Un ejercicio simple de simulación ayuda a responder la pregunta. Asumiendo un producto con solo tres eslabones en su cadena de producción, donde cada uno de ellos explica un tercio del valor agregado total y que las alícuotas de ambos tributos son iguales en cada eslabón. El impacto sobre el precio final sería el siguiente, desde la óptica de Idesa:
- Si la alícuota de Ingresos Brutos es 3% y la de la tasa municipal es 1% entre ambos tributos encarecen el precio final en aproximadamente un 8%.
- Si ambos tributos se reducen en un 25%, la presión impositiva baja a 6%.
- Si se reducen en un 33% la incidencia baja pero el encarecimiento se mantiene en 5% del precio final del producto.
A criterio de Idesa, más importante aún es el primitivo diseño de ambos tributos que impone una muy elevada carga administrativa sobre los contribuyentes. “Cientos de alícuotas y normas diferentes, algunas no disponibles en Internet y de ambigua interpretación constituyen un entramado regulatorio extremadamente engorroso. A esto hay que agregar los regímenes de pago adelantado que aumentan la carga administrativa y los impactos financieros. Aunque las alícuotas bajen, estos gravosos costos transaccionales se mantendrán, diluyendo el impacto positivo que se espera en la competitividad”, explica.
La conclusión es que un cronograma de reducción gradual en las alícuotas de Ingresos Brutos y tasas municipales a las ventas, aun suponiendo bajas agresivas y que las provincias y municipios lo cumplan, genera un alivio muy modesto para la producción. “Pero lo más probable es que no se cumpla porque es muy difícil evitar que las provincias apliquen acciones subrepticias para eludir los compromisos. Por ejemplo, bajar las alícuotas, pero subir los porcentajes de pagos a cuenta que luego no son recuperables por los contribuyentes”, subraya el reporte al que accedió LA GACETA. Del lado de las provincias, los gobernadores quieren garantías de compensación si es que, en definitiva, se decide tocar la carga impositiva. Sucede que Ingresos Brutos implica el 80% de la recaudación global de los distritos del interior y compensar, por ejemplo, con un Súper IVA requerirá de una amplia discusión, que excede este ejercicio fiscal.
Un camino alternativo mucho más promisorio es acordar con las provincias la creación de un Súper IVA que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales a las ventas, sugiere Idesa, en ese sentido. Con una alícuota mayor a la actual (21%) pero menor a la carga efectiva actual (la suma de IVA más Ingresos Brutos y tasas municipales) se pueden reducir costos administrativos y la evasión. Con esto se puede mejorar la competitividad sin comprometer el equilibrio fiscal provincial y municipal. Al aplicarse sobre el valor agregado y no sobre el precio de venta es posible reintegrarlo a los exportadores e incide igual en los productos nacionales e importados. También puede ser reintegrado a las familias de bajos ingresos.
“Resucitar el Consenso Fiscal del 2017 es asegurar la repetición del fracaso. Para las provincias es muy difícil aplicar una reducción grande de alícuotas y aunque lo hicieran el impacto sobre la competitividad de la producción nacional será modesto. Mucho más conducente es acordar el Súper IVA que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales”, finaliza la entidad.
Fuente: La Gaceta