El Ministerio Público Fiscal se pronunció a favor de que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral sea tramitada en la Justicia Nacional del Trabajo, y no en el fuero Contencioso Administrativo Federal, como pretendía el Gobierno nacional.
El dictamen fue firmado por el fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, en el marco del conflicto de competencia abierto tras la sanción de la Ley 27.802. Allí, la CGT cuestiona la constitucionalidad de más de 80 artículos que modifican aspectos centrales del régimen laboral vigente.
La controversia se originó a partir de la disputa entre el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, que reclamó intervenir en el expediente apoyándose en los cambios introducidos por la nueva normativa. Sin embargo, el fiscal descartó que el caso deba pasar al fuero contencioso, aun cuando el Estado nacional figura como demandado.
En su análisis, sostuvo que el planteo se inscribe plenamente en el ámbito del derecho laboral, tanto en su dimensión individual como colectiva, y que las cuestiones de inconstitucionalidad deben evaluarse bajo los principios propios de esa materia. En ese sentido, remarcó que no corresponde, al menos en esta etapa, aplicar criterios del derecho administrativo.
Además, advirtió que la modificación del artículo 20 de la Ley 18.345, que asigna al fuero contencioso administrativo las causas laborales contra el Estado, aún no tiene aplicación efectiva en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a que su vigencia quedó supeditada a la implementación del acuerdo de transferencia de competencias firmado entre el Estado nacional y el gobierno porteño, un proceso que todavía no se concretó.
El dictamen subraya que ese acuerdo condiciona la entrada en vigor de los cambios introducidos por la reforma, por lo que, en el estado actual, no resulta determinante para resolver la competencia del caso.
En instancias previas, el juez laboral había rechazado el pedido del Estado para apartar al fuero del trabajo, mientras que la jueza contencioso administrativa sí había avalado esa postura, al advertir que, de lo contrario, un tribunal local podría terminar juzgando al Estado nacional y sus políticas públicas.
Ahora, la definición quedó en manos de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La decisión no solo impactará en este expediente, donde ya se dictaron medidas cautelares sobre los artículos cuestionados, sino que también podría sentar un precedente relevante frente a futuros conflictos derivados de la implementación de la reforma laboral.