El programa de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno de Tucumán como parte de su política de contención del gasto público cosechó una alta adhesión en sus primeros once meses de vigencia.
Según datos oficiales de la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento, hasta mediados de abril de 2025, un total de 1.137 empleados del Poder Ejecutivo provincial completaron su salida formal del Estado mediante este mecanismo.
El régimen fue lanzado en mayo de 2024 por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, en el marco de las medidas de ajuste contempladas por la Ley 9.764, que regula este tipo de desvinculación anticipada para trabajadores de planta permanente.
Con la última prórroga vigente, se espera que en las próximas semanas se sumen nuevas adhesiones: ya hay 400 solicitudes adicionales en trámite.
El relevamiento oficial detalla que las áreas con mayor número de egresos fueron:
- Caja Popular de Ahorros: 269 agentes
- Ministerio de Desarrollo Social: 114
- Ministerio de Economía y Producción: 100
- Sistema Provincial de Salud (SIPROSA): 88
- Ministerio de Educación: 81
- Ente Cultural de Tucumán: 55
En contraste, otras dependencias como la Fiscalía de Estado registraron apenas tres desvinculaciones.
Además, se rechazaron 67 solicitudes, debido a que no cumplían con alguno de los requisitos establecidos en el programa, como no encontrarse de licencia médica o pertenecer a sectores estratégicos.
La gran mayoría de los empleados que optaron por esta salida anticipada pertenece a rangos etarios medios:
- 40 a 49 años: 49,8%
- 30 a 39 años: 25,5%
- 50 a 59 años: 18,1%
En cuanto al nivel educativo, más de la mitad de los egresados (51,9%) tiene formación universitaria, seguido por agentes con nivel secundario (29,8%), terciario (7,2%), primario (9,2%) y con idoneidad reconocida (1,8%).
El plan de retiro voluntario contempla que los agentes adheridos perciban durante cuatro años el 70% de su salario bruto, con actualizaciones del 70% de los aumentos salariales futuros, aunque sin bonificaciones (como horas extra o fondo estímulo).
Además, mantienen la cobertura de la obra social y pueden extender su permanencia en el plan por otros cuatro años o hasta obtener la jubilación.
El programa no incluye al personal del Poder Judicial ni de la Legislatura, que manejan sus propias estadísticas. Tampoco contempla contratados ni cargos políticos.
El retiro voluntario fue concebido como parte de un paquete de medidas para achicar la estructura del Estado y ordenar las finanzas públicas provinciales, en línea con los lineamientos nacionales de ajuste.
En el Presupuesto 2025, se contemplan 101.267 cargos permanentes para los tres poderes y entes autárquicos, aunque sin contar contratados.
Desde el área que conduce Javier Morof, destacaron el interés que despertó la propuesta, especialmente entre los profesionales jóvenes, y aseguraron que el plan «permite reordenar recursos, fomentar la movilidad laboral e incentivar la eficiencia en la administración pública».
Fuente: Contexto