Un fallo sin precedentes que “golpea al bloque de constitucionalidad”
La decisión del juez subrogante del Colegio de Jueces y Juezas Penales, Lucas Taboada, de ordenar a la empresa Compañía de Circuitos Cerrados (CCC) y a sus periodistas el cese de cualquier difusión que «injurie, desacredite o distorsione» la actuación de fiscales y magistrados, sigue generando fuerte repudio en el ámbito jurídico y periodístico.
La abogada constitucionalista Carmen Fontán calificó la medida como inédita y «de una naturaleza que nunca se había visto en la historia jurisprudencial de la Corte». En diálogo con El Avispero, sostuvo que «Tucumán siempre logra sorprendernos más. Nunca he visto una cautelar de esta naturaleza«.
Fontán cuestionó especialmente el carácter preventivo y extenso de la resolución:
«Nunca había visto una cautelar futurista. Ya establece un plazo de seis meses y una autoridad nacional que tiene que venir a controlar las opiniones que expresamos los tucumanos».
La especialista advirtió que la medida implica una censura previa de carácter general, lo cual vulnera la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
«Esto impide hablar del sistema judicial en su conjunto. Que haya una mordaza legal que prohíba criticar a funcionarios y magistrados va contra el bloque de constitucionalidad», expresó.
Fontán recordó además que el artículo 32 de la Constitución de 1853 y la doctrina Campillay establecen claramente la protección de la libertad de prensa y las responsabilidades ulteriores, pero nunca la censura previa.
«Nuestra Constitución impide totalmente la censura previa. El único supuesto previsto está en el Pacto de San José de Costa Rica, y es para espectáculos públicos con ingreso de menores», remarcó.
«Estamos presenciando el retroceso democrático de Tucumán”
Por su parte, el periodista político Álvaro Aurane sostuvo que la medida representa un «retroceso democrático en vivo y en directo».
«A las democracias se las empieza a desmantelar de a pedacitos. Este es un pedacito menos de democracia», afirmó.
Aurane explicó que tanto las teorías minimalistas como las maximalistas de la democracia -desde Robert Dahl hasta el proyecto V-Dem– coinciden en que la libertad de debate público es esencial para la existencia de un sistema democrático.
«Esto lesiona la democracia. No sé cuánto tiempo más puede durar esta historia de gobernantes que prefieren no opinar, porque esto termina lesionando todo el sistema democrático», advirtió.
Además, cuestionó el accionar del Poder Judicial provincial y la falta de control sobre los jueces subrogantes:
«Te ponen un juez subrogante que puede fallar cualquier cosa. Después no tiene que rendirle cuentas a nadie. Eso hay que decirle a la gente».
Aurane también ironizó sobre la idea de prohibir la «distorsión o tergiversación» de la información:
«Llegamos al punto de creer que el Poder Judicial tiene un verdaderómetro, una máquina que mide cuánta verdad hay en una noticia. La democracia es un gobierno opinado, y la opinión no está regida por la verdad o la falsedad».
Posible camino institucional
Consultada sobre las acciones posibles ante este tipo de decisiones, Fontán recordó que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia por juicio político.
«Acá lo único que corresponde es el mecanismo del juicio político. Existe una Comisión Permanente en la Legislatura que puede actuar si considera que hay fundamento», explicó.
Tanto Fontán como Aurane coincidieron en que este caso marca un grave precedente para la libertad de expresión en Tucumán y que la reacción de la sociedad civil será clave para evitar un retroceso institucional.