La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de los abogados del Correo Argentino, del Grupo Macri, a través del cual buscaban apartar a los jueces de la causa que tramita en Comodoro Py por presunto fraude al Estado por la firma del acuerdo de pago de deudas de la compañía.
En esta causa, que tienen a su cargo el juez federal Ariel Lijo, se investigan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino al Estado nacional, en el marco del concurso de acreedores de la firma.
Entre los imputados se encuentra el exministro de Comunicaciones y de Defensa Oscar Aguad, como también directivos de la firma propiedad de la familia Macri. El ex presidente Mauricio Macri nunca estuvo bajo investigación en este caso, pero siempre le despertó preocupación que el caso pudiera alcanzar a sus hijos, que integraban en su momento el directorio de la compañía.
En ese escenario, el presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y su representante legal, Jaime Kleidermacher, también bajo investigación en el expediente penal, llegaron ante el máximo tribunal con la pretensión de apartar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Cámara Federal porteña, por «temor de parcialidad».
Los directivos de Correo Argentino S.A. -controlada por SOCMA, la empresa de la familia Macri- cuestionaron la imparcialidad de Farah. Adujeron que era uno de los magistrados que denunció presuntas presiones bajo la administración de Mauricio Macri después de que resolvió la excarcelación de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa.
Respecto al juez Boico, los argumentos del planteo de recusación se sustentaban en que fue abogado defensor de Cristina Kirchner y de Oscar Parrilli en el caso conocido como Pacto con Irán, donde se procesó y envió juicio oral a la ex presidenta por el delito de de encubrimiento agravado del atentado de la AMIA.
Los defensores de Cibils Robirosa y Kleidermacher señalaron que ambos jueces tienen “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri y por lo tanto hacia” ellos.
Bajo esa misma línea argumental, loas abogados del Correo Argentino indicaron que el expediente que desde 2017 está en el juzgado de Ariel Lijo, «posee un claro contenido político, con la pretensión de poner de rodillas a Mauricio Macri».
La Cámara Federal rechazó el planteo de recusación y tras la apelación interpuesta, el reclamo llegó ante el máximo tribunal penal, en un fallo unipersonal del juez Javier Carbajo, ratificó lo que la instancia anterior había sostenido. «La defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado», expresó en el fallo.
Con un recurso de queja, los abogados llegaron ante la Corte Suprema de Justicia. En ese marco, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo al entender que «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal».
En la causa fueron imputados e indagados Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, en su rol de directivos de Correo Argentino S.A., junto al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Manuel Mocoroa.
La imputación sostiene que el acuerdo al que habían arribado en 2016 el gobierno por entonces a cargo de Mauricio Macri y la empresa para superar la etapa de convocatoria de acreedores mediante una cancelación de deuda, era perjudicial para el Estado.
El Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Esto licuaba el 98,87% de la deuda.
A fines de 2017, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla «ruinosa, abusiva» y cuya «irregular aceptación» perjudicaba «gravemente el patrimonio del Estado nacional».
La causa penal está en manos del juez Ariel Lijo. La última medida de prueba, ordenada por la Cámara Federal porteña fue en 2019. Se trata de una pericia contable que busca «verificar el valor del crédito verificado por el Estado en el concurso preventivo» de la empresa a junio de 2016. Por otro lado, se requirió que se «informe acerca de los parámetros que deberían utilizarse a efectos de calcular los intereses que hubiese devengado dicho crédito hasta la fecha de celebración de la audiencia el 28 de junio de 2016».
Finalmente, como quinto ítem del pedido firmado por el juez Lijo, se solicitó que se compare «el valor del crédito del Estado con el valor de la propuesta formulada por Correo Argentino SA y aceptada por los representantes del Estado Nacional» en la audiencia de junio de 2016 «a efectos de determinar si existe una quita y en su caso, estimar su cuantía».
Fuente: Clarín