La Justicia de Santiago del Estero imputó a dos profesionales de la salud en el marco de la investigación por la muerte de una recién nacida ocurrida tras un parto realizado en un sanatorio privado de la capital provincial. La causa, que también incluye sospechas de irregularidades administrativas vinculadas al registro de la paciente, quedó bajo la órbita de la fiscal Luciana Jacobo, quien atribuyó a las acusadas los presuntos delitos de homicidio culposo y falsificación de documento.
Las imputadas son M.B., médica tocoginecóloga, y M.C., pediatra y neonatóloga que participaron en la atención de la madre y de la beba. La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por Ángela Leguizamón y Cristian Paz, padres de la niña fallecida, quienes son representados por las abogadas querellantes Carla Sequeira y Paula Leguizamón. Según trascendió, las representantes legales impulsarán nuevas medidas probatorias durante los próximos días.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, la pareja reside en la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada. Al tratarse de su primer embarazo, decidieron documentar cada etapa de la gestación mediante fotografías y videos, desde los primeros estudios médicos hasta los últimos meses previos al nacimiento.
Las actuaciones indican que durante el control prenatal no se habrían detectado complicaciones ni se les habría advertido sobre la existencia de un embarazo de riesgo. Al cumplirse las 40 semanas de gestación, la mujer fue trasladada al sanatorio de esta capital para concretar el nacimiento.
Según la denuncia, el 4 de septiembre la futura madre comenzó a sufrir fuertes dolores y una abundante hemorragia. En ese contexto, habría solicitado ser sometida a una cesárea, aunque, siempre de acuerdo con los denunciantes, la obstetra le habría recomendado continuar con un parto natural.
Horas más tarde nació una niña que presentaba un delicado cuadro clínico. Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la recién nacida tenía una marcada coloración violácea y que, debido a la gravedad de la situación, los médicos solicitaron a la familia interrumpir las filmaciones que realizaban del nacimiento.
Posteriormente, la beba fue trasladada a una sala de Neonatología para recibir atención especializada. Pese a las maniobras realizadas por el equipo médico, falleció 48 horas después, según consta en la investigación.
Tras la pérdida de su hija, los padres decidieron acudir a la Justicia. La intervención policial y judicial derivó en la realización de una autopsia y en la apertura de una investigación penal destinada a determinar si existieron responsabilidades profesionales o irregularidades durante la atención médica.
Uno de los puntos que motivó el avance de la causa surgió a partir de declaraciones incorporadas al expediente. Según los denunciantes, una enfermera habría manifestado al padre que la niña nació sin vida, mientras que en la documentación médica figurarían maniobras de reanimación practicadas tras el nacimiento. Esa aparente contradicción forma parte de los aspectos que actualmente analiza la Fiscalía.
Nueve meses después del hecho, el Ministerio Público Fiscal tomó declaración a integrantes del personal sanitario que participaron en el parto, a los padres de la menor y secuestró documentación considerada relevante para la investigación. Todo el material permanece bajo análisis de la fiscal Jacobo y de las representantes de la querella.
Otro de los aspectos que despertó interrogantes en el expediente es la presunta ausencia de registros de la paciente en los libros del sanatorio. Según sostienen las abogadas querellantes, la madre no habría sido asentada formalmente en los registros correspondientes al parto, una situación que habría sido advertida recién cuando avanzó la investigación judicial.
La querella también solicitó que la causa incorpore una perspectiva de género y contemple la posible existencia de violencia obstétrica durante la atención recibida por la mujer.
La abogada Carla Sequeira sostuvo que la investigación debe analizar el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la paciente y determinar si durante la asistencia médica se vulneraron derechos reconocidos por la legislación argentina. En ese sentido, recordó que la Ley 26.485 contempla la violencia obstétrica como una modalidad específica de violencia contra las mujeres ejercida por personal de salud sobre sus cuerpos y procesos reproductivos mediante prácticas deshumanizadas, abuso de medicalización o intervenciones que afecten su autonomía y capacidad de decisión.
La letrada también citó las disposiciones de la Ley 25.929 de Parto Humanizado, que garantiza a las mujeres el derecho a recibir información adecuada sobre su estado de salud, participar de las decisiones vinculadas a su atención y acceder a asistencia médica acorde con las mejores prácticas disponibles.
Para la querella, la investigación no debe limitarse exclusivamente a determinar si existió mala praxis médica, sino que debe establecer si las conductas desplegadas durante la atención configuraron además una vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia obstétrica.
Según argumentó Sequeira, la gravedad institucional del caso se encuentra agravada por el desenlace fatal que tuvo la atención médica, con la muerte de la recién nacida y las consecuencias físicas y emocionales sufridas por la madre.
Mientras avanzan las medidas probatorias y el análisis de la documentación secuestrada, la Fiscalía continúa reuniendo elementos para esclarecer las circunstancias que rodearon el parto, la posterior muerte de la beba y las presuntas irregularidades denunciadas por la familia.