Después de un inicio a todo vapor del debate del proyecto sobre Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados, el tratamiento del tema parece haberse enfríado luego de que no se pudieran anudar los acuerdos para cerrar el dictamen el martes 20 de octubre, y desde la oposición sospechan que el giro en la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la disputa con el Reino respecto de la soberanía territorial de las Islas Malvinas influyó para que el oficialismo pusiera el freno de mano en el Congreso.
Por lo pronto, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto (cuya convocatoria se suspendió el 20 de octubre) se reunirá martes que viene a las 16.00, y en la cancha se verá si al oficialismo le alcanzará la nafta para dictaminar.
En caso de que lo logren, pocos apuestan a una sesión este mismo miércoles 28 de octubre, la última fecha libre que aparece en el calendario para aprobar el proyecto en el recinto.
El mayor problema es que noviembre es un mes «sold out»: con un calendario presumiblemente saturado, donde dominará la discusión del Presupuesto y dejará pocos resquicios para tratar otras agendas. Pero además presenta otros inconvenientes a la hora de encontrar una fecha plausible de sesión.
Los feriados por la visita del Papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos complican la planificación legislativa.
El diputado nacional de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana se refirió a la preocupación de Estados Unidos respecto del avance de un proyecto que plantea sanciones a empresas, afectando intereses económicos del país del norte, y al respecto aseguró que «el discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump».
«Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de Milei. El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump», consideró el también ex ministro de Defensa en la red social X.
Más allá de la verosimilitud del planteo de Taiana, también inciden otros factores en la ralentización del trámite de aprobación del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
La Libertad Avanza no pudo zanjar las diferencias que le manifestaron los aliados en torno a aspectos muy sensibles del proyecto de ley: esa fue la razón por la cual no se pudo dictaminar el pasado martes 20 de octubre.
Noviembre, mes «sold out» en Diputados
Pero además desde el oficialismo se están topando con un problema de tiempos. La visita del Papa y los feriados previstos por tal fin para los días 9 (nacional), 10 (CABA y Córdoba) y 11 de noviembre (PBA) entorpecen el armado de un cronograma de trabajo en el marco de una agenda legislativa que sí o sí le tiene que hacer lugar a la discusión del Presupuesto 2027, la prioridad absoluta de esta última parte del año.
Según lo estipulado, La Libertad Avanza prevé dictaminar la «ley de leyes» el miércoles 28 de octubre y llevar la discusión al recinto de Diputados el 18 de noviembre, dejando un intervalo de tres semanas entre una instancia y otra para negociar posibles añadidos o cambios al texto.
Además, la agenda internacional conspira contra la posibilidad de poder reencaminar el tratamiento y aprobación de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos y se especula con que una comitiva de diputados nacionales de La Libertad Avanza viajará al país del norte para presenciar la jornada electoral y apoyar a los candidatos republicanos.
Los puntos clave del proyecto del Gobierno
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.
Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.
Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.
Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.
Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales.
Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.