El juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, comenzó con un fuerte enfrentamiento entre la Fiscalía y las defensas sobre las circunstancias de su muerte y la presunta participación de los tres acusados. El fiscal Pedro Gallo solicitó prisión perpetua para Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor del femicidio, y seis años de prisión para Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz, imputados por encubrimiento.
Durante los alegatos de apertura, los abogados defensores rechazaron las acusaciones y anticiparon las pruebas con las que intentarán sostener sus respectivas versiones. La defensa de Sosa aseguró que no asesinó a la joven, mientras que los representantes de Gordillo y Díaz negaron que sus asistidos hayan participado en maniobras destinadas a ocultar el crimen.
El debate está a cargo de un tribunal integrado por María Laura Mibelli, Gonzalo Ortega y Eliana Gómez Moreira, quienes deberán evaluar testimonios, pericias y documentación antes de dictar sentencia.
La Fiscalía sostiene que Sosa asesinó a Érika y recibió ayuda para ocultar el crimen
El fiscal Pedro Gallo ratificó que, según su investigación, Érika Álvarez fue asesinada a golpes durante la madrugada del 7 de enero en la vivienda de Felipe Sosa, ubicada en Yerba Buena.
De acuerdo con la acusación, el hombre de 51 años habría trasladado posteriormente el cuerpo de la víctima hasta un descampado de Manantial Sur para ocultar lo sucedido.
Por esos hechos, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Sosa sea condenado a prisión perpetua por femicidio.
Gallo también acusó a Justina Gordillo, de 48 años, empleada judicial y expareja de Sosa, de haber colaborado para ocultar el cuerpo, eliminar rastros y brindar información al principal imputado. Además, sostuvo que habría intentado obtener un beneficio económico a partir de la situación.
Para Gordillo pidió una pena de seis años de prisión por encubrimiento triplemente agravado.
La misma pena fue solicitada para Jorge “Chicho” Díaz, empleado de confianza de Sosa. La Fiscalía sostiene que habría eliminado pruebas y escondido un arma de fuego que recibió del principal acusado.
Durante su exposición, Gallo recordó que Nicolás Navarro Flores, otro de los involucrados en la causa, ya fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo mediante un juicio abreviado.
El fiscal aseguró que durante el debate presentará testimonios, pericias y otras evidencias para demostrar que Sosa cometió el crimen y que personas de su entorno realizaron maniobras para evitar que fuera esclarecido.
La querella, representada por Carlos Garmendia en nombre de los padres de Érika, respaldó la acusación fiscal y consideró que las pruebas reunidas durante la investigación son contundentes.
La defensa de “El Militar” niega el asesinato y cuestiona las pericias
La estrategia de Felipe Sosa estará centrada en negar su responsabilidad en la muerte de Érika Álvarez y cuestionar las conclusiones de los estudios forenses.
Su abogado Marcelo Cosiansi, que trabaja junto a Rubén Flores, aseguró durante la audiencia que su defendido no asesinó a la joven.
“Sosa no mató a Érika y eso lo vamos a probar”, afirmó el letrado.
Cosiansi sostuvo que tres médicos llegaron a conclusiones diferentes al analizar las circunstancias de la muerte y anticipó que utilizará esas discrepancias para discutir la hipótesis de la Fiscalía.
La defensa no descartó que la joven haya fallecido dentro de la vivienda de Sosa, pero negó que el acusado haya sido quien le provocó la muerte.
El abogado también planteó que durante la investigación no se habría profundizado una posible vinculación de la víctima con una persona relacionada con el narcotráfico.
Según su versión, Sosa habría entrado en pánico después de conocer lo sucedido y decidió ocultar el cuerpo por temor a represalias.
Esa explicación constituye una hipótesis de la defensa que deberá ser evaluada durante el juicio y no un hecho acreditado.
La defensa de Gordillo sostiene que no participó en el ocultamiento del cuerpo
Los abogados María Florencia Abdala y Camilo Atim rechazaron las acusaciones contra Justina Gordillo y anticiparon que intentarán demostrar que no participó en las maniobras de encubrimiento descriptas por la Fiscalía.
Atim sostuvo que, de acuerdo con la propia reconstrucción de los investigadores, el cuerpo de Érika habría sido abandonado mientras Gordillo se encontraba trabajando.
También señaló que los ingresos y egresos de su defendida a la vivienda de Sosa se produjeron después del momento en que, según la acusación, el cuerpo ya había sido trasladado.
Respecto de una camioneta vinculada al caso, la defensa explicó que Gordillo se limitó a retirarla de un lavadero y estacionarla en la casa de Sosa por pedido de él.
Abdala rechazó además que su defendida hubiera participado en un supuesto plan de fuga. Según explicó, existía un viaje de vacaciones previamente organizado para que Gordillo se trasladara a Buenos Aires con las dos hijas de Sosa.
La abogada también cuestionó la interpretación de la Fiscalía sobre una motocicleta y determinados movimientos económicos.
Aseguró que la moto fue adquirida y utilizada por Sosa, aunque se había registrado a nombre de Gordillo, y sostuvo que un poder firmado por su defendida respondía a un proyecto familiar.
Sobre los movimientos de dinero, afirmó que no existieron transferencias a favor de Gordillo y que la única extracción mencionada, de un millón de pesos, habría sido destinada a reservar un departamento.
La defensa de “Chicho” Díaz asegura que solo cumplió órdenes laborales
Jorge “Chicho” Díaz también negó haber participado en maniobras para encubrir el crimen.
Su defensor, Juan Pablo Bello, sostuvo que el acusado se encontraba en la vivienda de Sosa porque trabajaba para él y debía realizar tareas previamente acordadas.
Según explicó, Díaz había concurrido el 6 de enero para cambiar las cubiertas de una motocicleta y había coordinado regresar al día siguiente para colocarlas y cortar el césped.
El abogado afirmó que su defendido volvió a la propiedad porque había olvidado su teléfono celular.
Respecto del arma de fuego mencionada por la Fiscalía, Bello sostuvo que Díaz se limitó a trasladar una escopeta hasta la base de una agencia de seguridad por indicación de su empleador.
La defensa intentará demostrar que esos movimientos respondieron a tareas laborales y que no existió intención de ocultar pruebas.
Las pruebas que serán decisivas durante el juicio
Las distintas versiones presentadas durante los alegatos de apertura anticipan que el debate se concentrará en la reconstrucción de la muerte de Érika, las conclusiones de las pericias médicas y la conducta de los acusados después del hecho.
La Fiscalía buscará acreditar que Sosa asesinó a la joven y que Gordillo y Díaz participaron en maniobras de encubrimiento.
Por su parte, la defensa de Sosa cuestionará las pruebas forenses y planteará una hipótesis alternativa sobre la autoría del crimen. Los abogados de Gordillo y Díaz intentarán demostrar que las conductas atribuidas a sus defendidos no constituyeron colaboración delictiva.
Los jueces deberán determinar qué hechos quedan acreditados mediante las pruebas producidas durante las audiencias, más allá de las afirmaciones formuladas por las partes al inicio del proceso.
El resultado del juicio dependerá de la valoración de testimonios, pericias y demás elementos probatorios. Hasta que se dicte sentencia, los tres acusados conservan su presunción de inocencia. /La Gaceta