El Gobierno nacional defendió la actualización del marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales, con el objetivo de que el valor de las cuotas pueda ajustarse al resto de los bienes de la economía y “evitar aumentos arbitrarios en las cuotas”.
El Ministerio de Modernización señaló que la medida se adoptó para generar un contexto «más claro» y promover ajustes «graduales y realistas».
“Con ajustes graduales y realistas, las cuotas podrán acompañar la evolución de la economía sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos”, señaló un parte oficial.
La iniciativa alcanza a las escuelas privadas sin aportes estatales, que representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos de la Argentina, aproximadamente 2.000 instituciones distribuidas en todo el país.
La actualización se concretó a propuesta del Ministerio de Capital Humano mediante la derogación del Decreto N.º 2417/1993. Este decreto obligaba a los colegios a informar el importe de la matrícula y las cuotas del ciclo lectivo siguiente antes de noviembre de cada año.
El Ejecutivo argumentó que el régimen derogado «empujaba a los colegios a fijar aumentos anticipados en base a proyecciones arbitrarias y sin información certera sobre la macroeconomía futura». Esto resultaba en que el precio de la educación terminara aumentando «considerablemente por encima del resto de los bienes de la economía».
Como ejemplo, se citó que en 2024, la inflación general fue de 117,8%, pero las cuotas escolares subieron un 169%.
El Gobierno sostiene que el esquema anterior, «lejos de dar previsibilidad a las familias», provocaba que estas «deban destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a la educación de sus hijos».
Con la habilitación de los «ajustes graduales» en las cuotas, se busca beneficiar «sustancialmente a las familias», permitiendo estabilizar su gasto respecto al resto de partidas.
La nueva metodología permite que cada colegio defina sus aranceles «de manera realista, en función de sus costos y posibilidades, dentro de un marco claro y transparente», logrando que las cuotas puedan acompañar la evolución de la economía «sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos», señalan desde la cartera que comanda Federico Sturzenegger.
El texto oficial afirma que la modificación “favorece un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad”.
Además, se indicó que esta actualización «permite construir un entorno más equilibrado y sustentable para las instituciones escolares y las familias».