Una nueva jornada de protesta contra la reforma previsional aprobada por el gobierno de Emmanuel Macron derivó este jueves en serios enfrentamientos en las calles de París que provocaron destrozos en el mobiliario urbano y de vidrieras comerciales.
Manifestantes vestidos de negro y con el rostro cubierto con capuchas, que iban varios cientos de metros por delante de un cortejo sindical, lanzaron proyectiles a la policía, que lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos entre la plaza de la Bastilla y la Ópera, en la capital francesa.
En algunos puntos, los manifestantes provocaron incendios aprovechando la basura acumulada en las calles por la huelga de recogida que dura ya más de dos semanas, lo que obligó a intervenir a los bomberos.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que 149 agentes resultaron heridos y hay 172 detenidos.
Unas 800.000 personas participaron en una marcha contra la reforma previsional
En paralelo a esos disturbios, el desfile sindical se realizó de forma pacífica en París, con unos 800.000 participantes, según las primeras cifras de la CGT. De esta manera, la movilización sería la de mayor concentración desde que el 19 de enero, cuando comenzaron las protestas contra la reforma de las pensiones.
Como en París, las manifestaciones también degeneraron en incidentes en otras ciudades del país, como Rennes, Nantes, Burdeos o Lorient.
Según el ministerio del Interior, la novena jornada de protestas congregó en todo el país a 1.089.000 personas.
Los principales líderes sindicales condenaron la violencia y acusaron al presidente, Emmanuel Macron, de apoyarse en estos disturbios para desacreditar la fuerza de las manifestaciones.
Francia vive la novena jornada de protestas contra un texto de ley que retrasa en dos años, hasta los 64, la edad mínima de jubilación, que fue definitivamente aprobada este lunes después de que fracasaran dos mociones de censura contra el Gobierno, una de ellas por tan solo nueve votos.
Macron aseguró este miércoles que espera que la reforma entre en vigor antes de final de año, una vez que reciba el visto bueno del Consejo Constitucional.
En tanto, los sindicatos aseguran que mantendrán las protestas y las huelgas para forzar al Ejecutivo a que retire la iniciativa.