La industria textil nacional advirtió que la rebaja de aranceles para la importación de indumentaria y calzado, anunciada la semana pasada por la administración de Javier Milei, podría comprometer el empleo, la producción y el desarrollo del sector y pidieron al Ejecutivo reconsiderar la medida.
La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) emitió un comunicado en el que manifiesta su “profunda preocupación ante el anuncio del Gobierno Nacional sobre la reducción de aranceles para la importación de indumentaria y calzado”.
Al respecto, alertaron que “sin una estrategia integral que contemple la mejora de la competitividad sistémica de la industria local, esta medida puede comprometer seriamente el empleo, la producción y el desarrollo de la cadena de valor textil en Argentina”.
La postura sentada por la entidad textil responde a la decisión del Ministerio de Economía de que los aranceles de ropa y calzado, se reduzcan de 35% a 20%; los de telas pasen de 26% a 18%; y los de distintos hilados bajen de 18% a 12, 14 y 16%.
El sector textil emplea directamente a más de 540.000 personas y es uno de los motores que impulsan el desarrollo de economías regionales. Es el principal empleador en La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero y entre los principales en la CABA, Buenos Aires y Tucumán.
La industria textil argentina viene atravesando un complejo panorama por las caídas de las ventas que derivaron en una menor actividad en las fábricas e incluso produjeron cierres de plantas y comercios, generando una importante merma en los puestos de trabajo.
En este sentido, desde FITA indicaron que “actualmente, la industria opera con una muy baja utilización de la capacidad instalada y en el último año se ha perdido una importante cantidad de puestos de trabajo: uno de cada tres empleos perdidos en el último año corresponde al textil”.
Al compartir su mirada, expusieron que “nos preocupa que la rebaja arancelaria se aplique sin haber avanzado en reformas necesarias para reducir la presión fiscal, mejorar el acceso al financiamiento y optimizar la infraestructura logística”, remarcando que “ante una presión fiscal sobre el sector formal cercana al 50% la competencia se torna casi imposible”.
En la misma línea, agregaron que “la experiencia internacional ha demostrado que una apertura comercial sin planificación puede debilitar la industria local en lugar de fortalecerla”, indicando que “priorizar la rebaja de aranceles antes de aliviar los costos internos, genera un escenario de competencia desigual que pone en riesgo el tejido productivo nacional”.
Sobre este aspecto, aclararon que “no pedimos beneficios sectoriales sino trabajar en conjunto para mejorar la competitividad de nuestra industria”, considerando que “para ello es necesario igualar las condiciones frente a productos importados producidos en contextos con menos impuestos, leyes laborales modernas y acceso al crédito para la producción”.
Esta misma inquietud fue esbozada días atrás por la Unión Industrial Argentina (UIA), al señalar que “es preocupante que la agenda de integración comercial no esté acompañada de una agenda de competitividad dentro del país”, subrayando que vienen proponiendo hace meses transitar “un camino en pos de nivelar la cancha frente a las desigualdades generadas por el llamado costo argentino”.
Al mismo tiempo, desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) calificaron la decisión del Gobierno como “un industricidio”, sosteniendo que puede provocar “la destrucción de miles de puestos de trabajo y el quiebre de cientos de industrias”.
Además, consideraron que la medida “favorece la competencia desleal de productos importados, que ingresan a nuestro país a precios irrisorios debido al dólar barato y a los costos laborales e impositivos que enfrentan en los países asiáticos donde se fabrican”.
En este contexto, desde FITA manifestaron que “solicitamos al Gobierno a reconsiderar esta medida y nos ponemos a disposición para trabajar juntos en un plan de desarrollo que garantice condiciones de equidad y sustentabilidad para la industria nacional y los trabajadores del sector”.