La reforma laboral todavía no está cerrada en el Senado. Tres legisladoras presentaron un proyecto para eliminar uno de sus puntos más sensibles: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema que reemplaza el pago tradicional de indemnizaciones.
La iniciativa fue impulsada por Carolina Moisés (Convicción Federal), Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Flavia Royón (Primero los salteños). Moisés ya había rechazado la reforma en febrero, mientras que Vigo y Royón la apoyaron en general, pero votaron en contra del capítulo vinculado al fondo.
En el proyecto, las senadoras cuestionan de fondo el diseño del FAL. Sostienen que no se trata de un sistema de seguridad social, sino de un mecanismo de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos.
El principal argumento apunta al impacto fiscal. Según explican, el esquema permite a los empleadores compensar sus aportes con una reducción de contribuciones patronales —del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes—, lo que implica que el costo de las indemnizaciones deja de recaer en las empresas y pasa a ser absorbido por el Estado a través de una menor recaudación.
Ese punto conecta directamente con la preocupación de los gobernadores, ya que la caída de ingresos afecta los fondos coparticipables. Las tres senadoras tienen vínculo político con mandatarios provinciales: Royón y Moisés con el salteño Gustavo Sáenz, y Vigo con el cordobés Martín Llaryora.
En términos concretos, el proyecto advierte que el costo fiscal del fondo podría alcanzar los 3,28 billones de pesos, equivalente a aproximadamente el 0,32% del PBI, o unos 2200 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Además del impacto en las cuentas públicas, las legisladoras cuestionan el efecto sobre el mercado laboral. Señalan que el FAL elimina el carácter disuasorio de la indemnización por despido, al diluir ese costo en aportes mensuales subsidiados. Según su planteo, esto podría incentivar la rotación de personal y debilitar la estabilidad del empleo.
La reforma también enfrenta cuestionamientos en la Justicia
El frente judicial es otro de los focos de conflicto para la reforma laboral. La CGT presentó una demanda para frenar varios artículos al considerar que afectan derechos laborales y sindicales, y que vulneran principios constitucionales.
En ese marco, un juzgado del fuero laboral dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente algunos puntos de la reforma. El objetivo, según el fallo, es evitar efectos que podrían ser difíciles de revertir si la ley se aplica antes de una resolución definitiva.
El Gobierno apeló la decisión a través del Ministerio de Capital Humano.
A su vez, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, encabezado por Ricardo Gil Lavedra, presentó una acción de amparo contra artículos de la ley que modifican la Ley de Contrato de Trabajo.
El eje del planteo apunta contra la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas. “Se genera una desigualdad irritante sobre un crédito laboral que tiene carácter alimentario”, advirtió Gil Lavedra.