Las balaceras dejaron de ser hechos excepcionales en distintos barrios del Gran San Miguel de Tucumán y comenzaron a formar parte de una violencia cada vez más cotidiana. Los recientes tiroteos registrados en pleno centro de la capital provincial volvieron a encender la alarma sobre un fenómeno que combina armas de fuego, consumo problemático de drogas, disputas territoriales y conflictos personales que escalan con rapidez.
Los episodios ocurridos en zonas de alta circulación conmocionaron por el lugar y el horario en que se produjeron. Sin embargo, para vecinos, fiscales y especialistas, forman parte de una tendencia más amplia: la presencia de armas en discusiones de tránsito, peleas vecinales, conflictos familiares y enfrentamientos vinculados al narcomenudeo.
Esa preocupación también aparece en las estadísticas. Antes de que finalizara el primer semestre del año, los homicidios en Tucumán ya habían aumentado un 16% respecto del mismo período de 2025. Además, siete de cada 10 conflictos que llegan a la Justicia terminan con al menos una persona baleada.
Los móviles de las muertes violentas registradas en lo que va del año muestran un cambio en el perfil de la violencia. Mientras los homicidios cometidos durante robos bajaron de cinco a cuatro casos en comparación con el mismo período del año pasado, crecieron los vinculados con conflictos interpersonales. Los crímenes por disputas intravecinales pasaron de seis a siete y los femicidios de tres a cuatro.
Otro dato encendió las alarmas: se duplicaron los homicidios relacionados con la comercialización y el consumo de drogas. Fuentes judiciales advierten desde hace meses que las sustancias aparecen en más del 90% de las causas penales que se inician, ya sea por consumo o por venta.
Armas cada vez más presentes
Los casos recientes que involucraron a un automovilista que hirió a un ciclista y a un exmilitar que intentó asesinar a su expareja e hirió a un cuidacoches generaron una fuerte conmoción social. En ambos hechos se utilizaron armas de fuego y los ataques ocurrieron en pleno centro, en horarios de intensa circulación.
Especialistas y fuentes del ámbito judicial coinciden en que el problema no está necesariamente en una demanda extraordinaria para comprar armas, sino en la decisión de muchas personas de portarlas y usarlas ante cualquier conflicto.
“El problema es que antes las pistolas se dejaban en la casa. Ahora hay muchas personas que las portan permanentemente y pueden utilizarlas en cualquier momento sin estar preparadas mentalmente o sin haber recibido la instrucción adecuada”, explicó un instructor de tiro.
Desde el Ministerio Público Fiscal también advierten sobre esa conducta. “Si un tucumano decidió armarse para protegerse de la inseguridad, no importa si vive en un country de Yerba Buena o en un barrio de la periferia. ¿Qué hace suponer que no llevará esa arma a todos lados, incluso cuando sale a pasear por el centro con su familia?”, planteó una fuente judicial.
Justicia por mano propia y violencia social
La violencia también aparece bajo otra forma: la justicia por mano propia. Uno de los casos recientes ocurrió en Los Nogales, donde el productor José Javier Fransacena, cansado de sufrir robos de naranjas en su quinta, mató de un escopetazo a Daniel Juan Gutiérrez, un joven con problemas de adicción.
La defensa del imputado sostiene que hubo un exceso en la defensa de sus bienes. En cambio, la querella afirma que Gutiérrez fue ejecutado fuera de la finca y luego abandonado en un camino vecinal, en lugar de ser trasladado a un centro asistencial.
“Estamos viviendo una situación muy similar a la que se observó en Río de Janeiro cuando comenzaron a surgir grupos parapoliciales que ejecutaban a personas adictas porque estaban cansados de sufrir robos”, señaló el abogado de la familia de la víctima, Gerardo Banegas. Además, pidió que la Justicia envíe señales claras de que ese tipo de conductas no serán toleradas.
La familia de Gutiérrez anticipó que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. Su hermana, Romina, reconoció que Daniel atravesaba problemas de consumo, pero rechazó que fuera un delincuente. También aseguró que denunció en varias oportunidades lugares de venta de droga en su barrio sin obtener respuestas.
Barrios marcados por las balaceras
Los homicidios ocurridos durante junio parecen confirmar el peso de las drogas en la violencia urbana. Además del caso de Gutiérrez, se registró el femicidio de Cynthia Lazarte, una mujer atravesada por múltiples situaciones de vulnerabilidad, y el asesinato de Carlos Romano Hardoy, ocurrido cuando se dirigía a comprar estupefacientes en Villa Carmela.
En San Cayetano, un tiroteo dejó a un joven peleando por su vida. Según los investigadores, la balacera estuvo vinculada a una disputa territorial por la venta de drogas y contó con la participación de más de una decena de personas, muchas de ellas menores de edad.
“En el barrio estamos cansados de estas banditas que se agarran a tiros todos los días. Los enfrentamientos ya forman parte de nuestra vida y nadie hace nada”, expresó la madre del joven herido.
El escenario que describen las estadísticas, los expedientes judiciales y los testimonios barriales es el de una violencia que ya no aparece como un hecho aislado. Se expresa en el tránsito, en las disputas familiares, en los conflictos entre vecinos, en los robos, en el consumo problemático y en las peleas por territorios de venta de drogas.
El denominador común se repite: armas cada vez más presentes, conflictos que escalan con rapidez y una sociedad que parece naturalizar respuestas violentas. La pregunta que queda abierta es cuánto más deberán crecer las estadísticas para que el problema deje de analizarse caso por caso y comience a abordarse como una emergencia social.