“Acuerdo Fiscal Municipal”. Así se denomina el nuevo Pacto Social que el gobernador Osvaldo Jaldo pondrá en práctica a partir del primer día de febrero, según anunció a LA GACETA. El Poder Ejecutivo necesita un marco legal para continuar con la política de asistencia a las municipalidades del interior. Pero esta vez, a diferencia de los anteriores convenios, se centrará en la ayuda financiera para cubrir la planilla salarial y no para financiar obras públicas o actividades culturales y deportivas. “En el marco de crisis que vivimos y con las pautas de austeridad que hemos dado a conocer desde el primer día que asumimos, ahora le decimos a los intendentes que deben hacer un mayor esfuerzo recaudatorio y bajar los gastos para llegar a la autonomía”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la idea es que, en un plazo de seis meses, cada intendente acerque a la Casa de Gobierno sus iniciativas tendientes a restringir las erogaciones y mejorar los ingresos.
El Pacto Social está a días de cumplir 24 años. El 12 de enero de 2000, el entonces gobernador Julio Miranda con su ministro de Economía, José Alperovich, firmaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 37/3, mediante el cual el Poder Ejecutivo se comprometía a remitir a los municipios los fondos necesarios para garantizar el pago de los sueldos a los empleados municipales. En esencia, durante la administración de Jaldo esa premisa se mantendrá pero con ciertas condiciones que están siendo analizadas por los ministros del Interior, Darío Monteros, y de Economía y Producción, Daniel Abad.
Ambos mantendrán esta semana una serie de encuentros para darle marco jurídico y financiero al nuevo acuerdo fiscal municipal. Uno de los temas que más inquieta es el pago de la histórica deuda de las intendencias y que, en la actualidad, roza los $ 100.000 millones. En ese sentido, una de las alternativas que se maneja es refinanciar esos compromisos de las Municipalidades del interior a 20 años, con uno de gracia, tal como el ex gobernador Juan Manzur lo hizo con la intendencia capitalina durante la administración del líder del Partido de la Justicia Social, Germán Alfaro. Para que eso sea posible, el Poder Ejecutivo tendrá que conformar una comisión de análisis que determine administrativamente el monto de las obligaciones contraídas por las intendencias. Ese comité sería integrado por un representante de la Secretaría de Hacienda de la Provincia, otro de la Secretaría de Municipios y Comunas Rurales y también por cada secretario de Hacienda de las municipalidades deudoras.
La inquietud pasa por el futuro de las obras públicas. Con la decisión del presidente Javier Milei de no girar más recursos que lo acordado por las transferencias de coparticipación federal, la Provincia no tendrá margen suficiente para ayudar a los municipios a encarar un plan de trabajos públicos. Jaldo, en ese sentido, viene diciendo que esas obras se harán de acuerdo con la disponibilidad de fondos con que cuente la Provincia en su Presupuesto. Esta semana, por caso, el mandatario supervisará algunas inversiones que se ejecutan en comunas rurales.
La autonomía financiera, en este contexto, no es una meta de corto plazo. Hay varios intendentes que se acercaron por la Dirección General de Catastro a solicitar las nuevas valuaciones fiscales para incrementar no sólo el padrón de contribuyentes, sino también aplicar un reajuste en las Contribuciones que Inciden sobre los Inmueble (CISI).
Por el lado del gasto, varios jefes municipales comentan por lo bajo que no hay demasiado margen para el ajuste, ya que se destina lo justo y necesario para el sostenimiento de los servicios básicos que demanda una administración municipal. Asimismo, es poco probable que puedan ajustar la dotación de trabajadores sin que ello implique complicaciones sociales en cada uno de los distritos del interior.
Fuente: La Gaceta