La postura de Buenos Aires obligó al Gobierno nacional a buscar adhesiones al “Plan de Reparación Histórica de Ahorro de los Argentinos”. La gestión del gobernador Axel Kicillof, a través de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) ha expresado que la iniciativa del Palacio de Hacienda para captar dólares y otros fondos no declarados por los ciudadanos al fisco es un blanqueo encubierto, por lo que no cederá en su postura de fiscalizar las operaciones que se realicen con ese dinero. “Parece más una estrategia para legalizar fondos sin origen claro. Si alguien sistemáticamente empieza a comprar propiedades o depositar sumas importantes y no tiene cómo justificarlo, eso sigue siendo delito”, había señalado Kicillof.
Frente a este escollo, la Casa Rosada organizó una videollamada con los mandatarios provinciales, con el fin de solicitarle el acompañamiento de tal manera de que se utilicen gran parte de los U$S 250.000 millones que los ciudadanos atesoran, pero que no ingresaron al sistema financiero formal.
A través de un nuevo régimen fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó ciertos regímenes de información y elevó los umbrales de otros, mientras que también anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para “proteger a los ahorristas” frente a eventuales cambios de administración. Tras ese anuncio ahora el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, federalizaron la convocatoria, de la que participó el ministro de Economía, Daniel Abad, en representación del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. También participaron el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo.
En una charla con LA GACETA, Abad confirmó que Tucumán adherirá al nuevo régimen y que, en los próximos días, el Gobierno nacional enviará un convenio a cada uno de los distritos, estableciendo las pautas generales del plan para usar los dólares “del colchón”, sin que colisione con la legislación tributaria en las provincias. Según el ministro provincial, este tipo de medidas contribuye a incentivar el consumo, en momentos en que la actividad padece una importante retracción que, a su vez, golpea a los ingresos por dos vías: del lado de la coparticipación, porque ingresa menos a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y por el lado de Ingresos Brutos, que grava la cadena comercial.
Esta situación inquieta a la gestión del gobernador Jaldo, ya que, en el último bimestre, ha causado una baja estimada en el 18% de los ingresos impositivos. Traducido en dinero, eso representa alrededor de $ 30.000 millones en ese período. El plan de reparación ayudaría a compensar la merma de fondos. De allí la idea de sumarse al nuevo régimen federal.
Respecto del plan de uso de los ahorros, la intención de la Nación es que la “ley tapón” (tal es la denominación que se le dio al régimen que evita investigar el origen de los fondos hasta los $ 50 milones del límite mensual) no colisione con los regímenes establecidos por el impuesto sobre los Ingresos Brutos provinciales. En ese sentido, será inminente una adecuación del Código Tributario de la Provincia, para que esa franja de ahorristas no tenga inconvenientes en el futuro, si otra administración de gobierno decide activar investigaciones.
Los 17 gobernadores que participaron de las videollamadas (se dividieron en dos tandas) fueron los menos confrontativos con la gestión libertaria, ya que no estuvieron los peronistas Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Tampoco asistieron el gobernador radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Jorge Macri. Algunos de ellos podrían formar parte en una futura reunión presencial, según trascendió oficialmente.
Fuente: La Gaceta