En medio de un debate que mezcla orden urbano, actividad económica y exclusión social, el concejal de La Libertad Avanza–PRO Diego Figueroa presentó en el Concejo Deliberante de Catamarca un proyecto de ordenanza que busca impedir que vendedores ambulantes o personas que solicitan limosna interrumpan a los clientes dentro de bares, restaurantes y otros comercios de la capital.
La iniciativa, según explicó el edil, pretende “fortalecer el orden público y potenciar la actividad económica formal”, garantizando lo que definió como la “normal estadía, tranquilidad y seguridad” de quienes concurren a establecimientos gastronómicos y comerciales.
La propuesta se apoya en una idea que el concejal considera central: preservar la experiencia del consumidor y la imagen turística de la ciudad. “La presencia de vendedores ambulantes y personas ajenas a los locales altera el esparcimiento de los clientes, afectando tanto la experiencia del usuario como la imagen turística de la Capital”, argumentó.
En los fundamentos del proyecto, Figueroa sostiene que el objetivo no sería criminalizar situaciones de vulnerabilidad, aunque la medida apunta directamente a impedir el ingreso o permanencia de quienes venden productos de manera informal o solicitan dinero dentro de los locales. “Los consumidores tienen derecho a recibir un servicio en condiciones dignas y libres de perturbaciones. No se trata de criminalizar la vulnerabilidad, sino de ordenar el uso del espacio privado habilitado y fomentar la actividad económica formal”, planteó.
La ordenanza proyectada establece que los propietarios de bares, restaurantes, confiterías, cervecerías, patios gastronómicos y comercios en general deberán impedir el acceso o permanencia de personas que realicen ventas no autorizadas o pidan dinero dentro de sus instalaciones. En otras palabras, traslada a los comerciantes la responsabilidad de controlar quién entra o permanece en los locales.
Según el texto, los titulares de los establecimientos serán los encargados de hacer cumplir la norma y podrían enfrentar sanciones si permiten o toleran este tipo de situaciones. Es decir, la obligación de ejercer ese control recaería directamente sobre el sector privado.
Figueroa explicó que el proyecto surge como respuesta a lo que considera una práctica cada vez más frecuente en distintos sectores de la ciudad. En su análisis, el problema también tiene implicancias jurídicas. “El proyecto tiene muchas aristas jurídicas. Si nos amparamos en la normativa de defensa del consumidor y en la Constitución Nacional, hay una cuestión de derechos que se pierde cuando se deja pasar situaciones irregulares que perturban el orden”, sostuvo.
El concejal también advirtió que los comerciantes podrían enfrentar problemas legales si se producen incidentes dentro de los locales con personas que realizan actividades informales. “Si ocurre un accidente dentro de un local con una persona que está trabajando de manera informal, el dueño puede terminar involucrado en un problema legal por permitir una actividad no regulada dentro de su propiedad”, explicó.
El proyecto tiene un alcance amplio dentro del ejido municipal. La norma abarcaría bares, restaurantes, cervecerías, patios gastronómicos y comercios en general de toda la ciudad.
Entre sus puntos principales se establece que los responsables de los locales deberán impedir la circulación de vendedores ambulantes que no formen parte del personal del establecimiento o de cualquier persona que, a criterio del comerciante, altere el orden dentro del lugar. A su vez, se fija la responsabilidad directa de los titulares de los negocios para garantizar el cumplimiento de la disposición, con la posibilidad de aplicar sanciones si no lo hacen.
Más allá del enfoque centrado en el orden comercial, el propio concejal reconoció que detrás de estas situaciones existe una problemática social más profunda. “En nuestras calles vemos cada vez con mayor frecuencia niños vendiendo productos en bares y restaurantes, o personas con bebés pidiendo dinero. Allí donde hay un niño trabajando o viviendo en la calle hay un Estado ausente”, afirmó.
También señaló que estos episodios pueden estar vinculados a fenómenos estructurales más complejos. “En el trasfondo de esta situación pueden aparecer cuestiones como trabajo infantil, trabajo en negro o problemas vinculados a aseguradoras de riesgo de trabajo”, advirtió.
La propuesta abre un debate inevitable: si el problema es la informalidad y la vulnerabilidad social, la discusión sobre el orden en los restaurantes parece apenas una parte del escenario. Mientras tanto, el proyecto avanza en el Concejo Deliberante con la promesa de “ordenar” los espacios comerciales, aunque la discusión de fondo sigue siendo cómo abordar las causas que empujan a muchas personas a vender o pedir dinero entre las mesas de un bar.
Fuente: Contexto