Un grave episodio que podría derivar en imputaciones por privación ilegítima de la libertad y falsificación de instrumento público comenzó a ser investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos. Un vecino de Alderetes denunció que tres policías de la provincia le secuestraron su camioneta argumentando una orden judicial inexistente y lo mantuvieron retenido durante más de cuatro horas en la Brigada de Investigaciones de Banda del Río Salí.
El hecho ocurrió el sábado 15 de noviembre, cuando un móvil policial llegó al domicilio de F.L., en el barrio 100 Viviendas. Según la presentación realizada por el hombre y su abogado, Álvaro Zelarayán, tres efectivos vestidos de civil descendieron del vehículo, le preguntaron si era dueño de una Toyota Hilux y le informaron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente.
El denunciante aseguró que desde el primer momento les aclaró que la camioneta estaba a su nombre desde 2021 y que los datos de la supuesta orden no coincidían con su identidad. Aun así, los policías insistieron en que la disposición había sido emitida por la Fiscalía y el Juzgado Federal N.º 1, y que una secretaria del tribunal había autorizado el procedimiento.
Con esas afirmaciones lo persuadieron de acompañarlos hasta la Brigada. Una vez allí —según su testimonio— nunca le mostraron la orden judicial. En cambio, le retuvieron el teléfono, lo obligaron a vaciar los bolsillos y lo fotografiaron de frente y de espaldas contra un cartel institucional. Esas imágenes, denunció, luego aparecieron publicadas como si se tratara de un operativo policial. Permaneció en la dependencia hasta después de las 16, cuando finalmente le devolvieron el celular y le permitieron llamar a un amigo para que lo buscara.
El lunes siguiente, el dueño de la camioneta acudió al Juzgado Federal N.º 1, donde la secretaria confirmó que no existía ninguna orden vigente y que la que había sido emitida años atrás —por una deuda fiscal del propietario anterior— estaba caducada desde 2021. Incluso, informó que la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos había notificado ese mismo lunes la retención del vehículo, lo que motivó que desde el juzgado ordenaran devolverlo de inmediato.
El relato de los policías en el acta oficial difiere por completo del planteo de la víctima. En el parte consignaron que el secuestro del vehículo se dio tras una persecución: afirmaron que vieron la camioneta en la calle, que su conductor intentó evadirlos y que, al consultar la patente, les informaron sobre un pedido de secuestro vigente. Esa supuesta maniobra evasiva fue el argumento para interceptarlo.
La defensa del denunciante calificó esa versión como insostenible. Zelarayán explicó que su representado llegó a su casa con normalidad, y que las cámaras de seguridad de los vecinos demostrarían que los policías aparecieron más de 20 minutos después. “Si realmente lo hubieran venido siguiendo, habrían llegado detrás de él, no mucho tiempo después. Tocaron el timbre y lo sacaron de la casa delante de todos”, remarcó.
En la denuncia, F.L. pidió expresamente que se investigue a los tres policías por privación ilegítima de la libertad y falsificación de instrumento público. Sostuvo que en ningún momento fue informado de sus derechos ni de las razones formales de la supuesta retención, y que fue incomunicado sin causa durante varias horas.
El caso fue remitido con inmediación a la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira, quien deberá evaluar el material aportado y determinar los próximos pasos. Si las filmaciones y documentos coinciden con el relato del denunciante, los policías involucrados podrían enfrentar cargos graves. El episodio, además, abre interrogantes sobre los controles internos y los mecanismos de verificación de pedidos judiciales dentro de la fuerza.
Fuente: Contexto