Un informe elaborado por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura expuso las pésimas condiciones edilicias de la comisaría 2ª, las condiciones de hacinamiento en que viven los detenidos y los problemas de salud que afrontan como resultado de esa situación.
Los vecinos de barrio Sur que residen en las inmediaciones de esa dependencia policial, expresaron su malestar por las consecuencias que sufren, debido sobre todo a las roturas cloacales, entre otros problemas emergentes provenientes de la unidad de orden público.
Fernando Korstanje, el representante de la Sociedad Civil en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, acudió junto a dos asesoras a la seccional 2ª, que funciona en la calle Buenos Aires al 400.
Luego de realizar una inspección de la dependencia,constataron que las instalaciones edilicias eran inadecuadas para la reclusión de personas.
Además de un avanzado estado de deterioro en todos los ambientes de la comisaría, resaltaron que hay 65 detenidos, repartidos en apenas cinco celdas.
Uno de esos recintos cobija a 17 personas, otro a siete, un tercero a 34, el sector denominado “casino” a cinco y en la cocina, al momento de la visita, había dos personas detenidas por contravención.
Los revisores contrapusieron esa situación con “un reciente informe remitido por las autoridades policiales a esta Comisión Provincial y al Comité Nacional”, en el que el cupo reconocido para la comisaría 2ª es de 10 personas, lo que implica una superpoblación de más del 600 por ciento o, lo que es lo mismo, una población que supera más de cinco veces la capacidad de la zona de detención.
Pero el hacinamiento es apenas el primero de los problemas, y que la Comisión reportó también un grave inconveniente con las cloacas de la dependencia, dejó a la comisaría y sus alrededores envueltos por un olor muy fuerte que persiste hace ya tiempo.
Las aguas servidas desbordan, los baños se encuentran en el interior de las celdas desde donde, aún a cierta distancia, se puede percibir un olor extremadamente nauseabundo, los tendidos eléctricos son demasiado precarios y muchas veces éstos hacen cortocircuito por el contacto con el agua que escurre en forma permanente, expusieron en el tétrico reporte.
La sobrepoblación y las cloacas dañadas se convirtieron en un problema que aqueja a todo el vecindario. El olor insoportable, sobre todo en los días cálidos; el ruido incesante provocado por la gran cantidad de detenidos hacinados en un espacio reducido; la presencia casi permanente en las inmediaciones de familiares de los reos y, sobre todo, la amenaza latente de una fuga o un motín, integran la lista de temores con los que conviven los vecinos de ese sector del barrio Sur.
Vivir amontonados en un recinto contaminado, trajo consecuencias para la salud de los detenidos, quienes en su gran mayoría están afectados por infecciones en la piel, sarnilla y sarna crónica, situación que se agrava por la falta de una atención médica adecuada.
Para el representante de la Comisión, la comisaría Segunda es la muestra más elocuente de un problema que se extiende por toda la provincia, en la que según sus datos, en el último año la superpoblación de las dependencias policiales se incrementó en un 40 por ciento.
Esto lleva a Korstanje a advertir que, a su juicio, los arrestos atestados se convirtieron en bombas de tiempo.
Allá por junio de 2015 la hoy ex fiscal Adriana Giannoni y su par Diego López Ávila elevaron un hábeas corpus contra el Poder Ejecutivo, pidiendo que se declare la emergencia carcelaria y que se ubique a todos los presos de las comisarías a un lugar acorde para su situación de encierro.
Argumentaron la necesidad de proteger a los detenidos, quienes se encontraban en las mismas condiciones de hacinamiento que hoy resalta la Comisión. Los fiscales agregaron en ese entonces que los policías no estaban preparados para custodiar presos y que todo eso implica un riesgo para la integridad de las personas que viven cerca de las seccionales.
En agosto de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al hábeas corpus y estableció un plazo de siete meses para que se concrete el traslado de los detenidos a Villa Urquiza, a la vez que instó a modificar el régimen de contravenciones policiales.
Nueve años después, la crisis no sólo no se resolvió, sino que por el contrario, expone un marcado crecimiento. “Ese hábeas corpus sigue vigente en la provincia. Giannoni y López Ávila lo presentaron porque era escandaloso que haya 500 presos en comisarías. Ahora hay alrededor de 2.700, es decir que la situación se agravó mucho más”, afirmó Korstanje.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, se presentará en Tucumán el martes 25 para exponer los datos de las últimas inspecciones realizadas a las comisarías y centros penitenciarios de la provincia.
Tucumán se ubica tercera a nivel nacional en la cantidad de muertes de personas bajo custodia estatal, reveló Korstanje, a manera de anticipo, adelantando también que a la información transparente que suministrarán como resultado de su trabajo, los miembros del comité demandarán reuniones con el poder Ejecutivo y Legislativo y realizarán inspecciones en comisarías.