En una ajustada votación que evidenció diferencias entre los municipios involucrados, el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) resolvió adjudicar la licitación para operar las plantas de San Felipe y Overo Pozo a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Esur y Ciageser, ambas del grupo vinculado a la firma “9 de Julio”.
El contrato, de $ 68.142 millones para los próximos cinco años, incluye tareas clave como la clasificación de residuos y su disposición final para el Gran San Miguel de Tucumán. La decisión dejó fuera de competencia a Moviser SRL, actual prestataria, que había ofrecido un monto muy superior: $ 103.968 millones por el mismo período.
El proceso de adjudicación no estuvo exento de tensiones. San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo y Alderetes votaron a favor de la propuesta de la UTE, mientras que Las Talitas y Banda del Río Salí se pronunciaron por la continuidad de Moviser. La mayoría simple definió el rumbo del contrato, que abarca todas las etapas posteriores a la recolección domiciliaria de residuos en los municipios del consorcio.
Los residuos son trasladados desde los diferentes distritos hacia San Felipe, donde se realiza la separación, y posteriormente a Overo Pozo, donde se lleva a cabo la disposición final mediante el sistema de relleno sanitario.
Ambas empresas finalistas aprovecharon la instancia de revisión para presentar objeciones cruzadas. Esur-Ciageser, a través de su apoderado legal Gastón Nelson Iturrieta, cuestionó la solvencia de su competidora y señaló que la oferta de Moviser superaba en un 20% el presupuesto oficial establecido por el pliego. Además, aseguró que la empresa competidora “no acreditó cambios societarios claves” y calificó a Moviser como “una firma infracapitalizada, recientemente concursada y sancionada por el mismo consorcio”.
Del otro lado, Máximo Ignacio Jiménez Montilla, gerente de Moviser SRL, acusó a Esur y Ciageser de haber tenido “acceso anticipado” a los pliegos, lo que -según denunció- podría haber vulnerado los principios de transparencia e igualdad en la licitación pública. También advirtió sobre el riesgo de un “monopolio” en la gestión de residuos en el área metropolitana si se adjudicaba el servicio a la UTE ganadora.
La adjudicación del contrato implica que Esur y Ciageser tomarán el control de ambas plantas una vez que finalice el actual vínculo contractual de Moviser, previsto para abril. Sin embargo, fuentes del sector no descartan que la empresa desplazada recurra a instancias judiciales para cuestionar el resultado del proceso licitatorio.
Mientras tanto, el Consorcio Metropolitano inició los trámites administrativos para formalizar la nueva concesión, que regirá durante los próximos cinco años y tiene un fuerte impacto en la gestión ambiental y urbana de seis municipios clave del Gran San Miguel de Tucumán.
Fuente: Contexto