Las derivaciones institucionales surgidas en torno al presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán sumaron un capítulo procesal, esta vez en el fuero civil de la provincia. La abogada, relatora de vocalía y postulante al cargo de jueza federal en la provincia, Solana Esther Casella, esposa del recientemente procesado Luis Alejandro Ontiveros, obtuvo una resolución de tutela autosatisfactiva mediante la cual impuso un bozal legal al letrado Juan Andrés Robles, representante legal de la querella en el expediente penal principal. La medida cautelar busca neutralizar de forma urgente cualquier vinculación pública o digital de la funcionaria con el escándalo de presunta venta de sentencias que acorrala a su entorno familiar directo.
En el marco de la investigación, el juez federal José Manuel Díaz Vélez, había dictado el procesamiento de Ontiveros como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas. La tesis de la instrucción penal sostiene que el acusado comercializaba resoluciones del tribunal de alzada valiéndose de una extrema proximidad funcional y familiar.
Una de las vinculaciones se asienta en que Casella se desempeña como relatora exclusiva de la vocalía del camarista Mario Rodolfo Leal, despacho donde además trabajan dos hermanos de Ontiveros en calidad de secretarios privados, conformando, según el expediente, el canal de acceso a la información privilegiada que se ofrecía a cambio de coimas en dólares.
Frente a la constante amplificación mediática y las presentaciones cursadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el propio Robles denunció a Leal, Casella contragolpeó en el ámbito judicial local abriendo el expediente 4396/26, caratulado «Casella Solana Esther C/ Robles Juan Andres S/ Tutela Autosatisfactiva». La tramitación civil, con el patrocinio del abogado Luis Alfredo López, derivó en una cédula de notificación depositada digitalmente y diligenciada a través del Juzgado de Paz de Yerba Buena, fijando la restricción bajo un severo apercibimiento de ley por desobediencia judicial.
El texto de la resolución del juez Pedro Pérez consigna: «resuelvo: hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la letrada Solana Esther Casella (…) bajo responsabilidad y previa caución juratoria de la parte peticionante, corresponde ordenar al demandado Juan Andrés Robles, que: a) se abstenga de mencionar, atribuir, sugerir, o reiterar, por medios de comunicación, redes sociales, entrevistas, publicaciones o cualquier otro canal público o digital, que Solana Esther Casella se encuentra vinculada directa o indirectamente con el delito de tráfico de influencias (…) con una supuesta maniobra de venta de sentencias, o con cualquier imputación equivalente».
Según la sentencia, Robles «b) se abstenga de cuestionar, con base en tales imputaciones, su idoneidad profesional, académica o institucional, o su postulación al cargo para el cual fuera ternada; c) abstenerse de republicar, compartir o amplificar contenidos de igual tenor. Todo ello a partir del dictado de la presente resolución cautelar, y hasta tanto se resuelva la presente acción de manera definitiva».
El escrito judicial fija una severa advertencia penal en sus párrafos de cierre, ordenando que la manda «sirva dar cumplimiento con la presente resolución, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial».
La ofensiva de la funcionaria judicial intenta trazar una línea de demarcación entre las conductas penales atribuidas a su esposo y su propia postulación al cargo de jueza Federal para el cual fuera ternada. En sus intervenciones ante la justicia criminal, Ontiveros ya había ensayado una coartada defensiva similar, alegando de forma sistemática que el expediente penal iniciado por el funcionario de ARCA, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, carecía de base objetiva y constituía en realidad un montaje político diseñado exclusivamente para dañar la reputación de Casella e impedir su ascenso a jueza federal.
Sin embargo, las evidencias acumuladas por el fiscal federal Agustín Chit a tono con el procesamiento dictado por Díaz Vélez continúan pesando en el expediente penal de instrucción. La trazabilidad de los documentos revela que en los dispositivos electrónicos secuestrados a Ontiveros se recuperaron notas explícitas referidas a las vacantes interinas y contratos en la Cámara Federal de Apelaciones destinadas a programar el ascenso de su pareja, Solana Casella, lo que conectaría los intereses funcionales de la relatora con las carpetas digitales manejadas por el procesado.
Ahora la Justicia Civil local ha silenciado la palabra del abogado Robles, pero la causa sigue su trámite camino a un posible pedido de elevación a juicio. /La Gaceta