En el barrio Oeste II, uno de los complejos habitacionales más grandes de la capital tucumana, un grupo de vecinos decidió avanzar con una iniciativa poco habitual: reunir firmas para solicitar a una inmobiliaria que rescinda el contrato de alquiler de un inquilino al que señalan como presunto responsable de utilizar una vivienda como punto de venta de estupefacientes.
La medida surge en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad. Según denunciaron los propios residentes en un documento que comenzó a circular casa por casa, desde que el inmueble fue ocupado por sus actuales inquilinos se registró un incremento sostenido de hechos delictivos. Entre las situaciones mencionadas figuran reuniones frecuentes de personas con comportamientos sospechosos, presunta comercialización de drogas, robos y reiterados episodios de violencia armada.
El escrito también deja constancia de una seguidilla reciente de ataques a balazos. Sólo durante el mes en curso, aseguran, se produjeron varios tiroteos en las inmediaciones del domicilio cuestionado. Uno de los días más críticos fue el jueves, cuando se registraron dos episodios: uno cerca de las 16.30 y otro minutos antes de la medianoche, a las 23.55.
La preocupación se traduce en temor cotidiano. “La situación pone en riesgo a familias, chicos y personas mayores”, advierten en la nota, en la que además reclaman la intervención urgente de las autoridades para recuperar la tranquilidad del barrio.
Laura —nombre ficticio para preservar su identidad— es una de las vecinas que decidió involucrarse en la recolección de firmas. Señaló que la manzana I es una de las más afectadas por los hechos de violencia y remarcó que, hasta hace poco, ese sector era considerado más tranquilo, incluso por su cercanía a la comisaría 12ª. Sin embargo, el miedo condiciona la participación: “Muchos no quieren firmar por temor a represalias”, reconoció, aunque remarcó la necesidad de visibilizar una problemática que, según dijo, viene deteriorando la convivencia desde hace años.
El barrio Oeste II, construido hace más de cuatro décadas, supo albergar a familias trabajadoras de clase media. Con el tiempo, también se convirtió en un territorio atravesado por disputas vinculadas al narcomenudeo. En sus calles, donde predominan los colores rojo y blanco de San Martín —club del que se contabilizan más de 100 escudos pintados en paredes—, el clima de tensión es palpable.
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, los enfrentamientos actuales responden a una disputa territorial entre el clan González y el grupo liderado por Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe. Se trata de un conflicto que, con distintas variantes, ya dejó al menos cinco muertos y numerosos heridos en los últimos ocho años, y que había mostrado una pausa tras la detención de Javier “Chuky” Casanova, procesado por causas vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.
“Somos rehenes de esta situación desde hace mucho tiempo. Los tiroteos son constantes porque se pelean por la venta de droga”, resumió Julio Saracho, reflejando el hartazgo de muchos residentes. Otros vecinos, como Luisa de Corbalán, expresaron escepticismo sobre el alcance de la iniciativa: “Ojalá sirva para que los propietarios actúen, pero no tenemos muchas expectativas”, señaló, al tiempo que recordó que ya hubo casos de usurpaciones de viviendas con fines similares.
El reclamo vecinal también apunta a una mayor presencia estatal. Silvia Heredia pidió que se intensifiquen los controles policiales y se actúe con la misma firmeza que en operativos anteriores. Desde el área de Seguridad confirmaron que están al tanto de los últimos episodios y que se encuentran en etapa investigativa. Además, adelantaron que se reforzarán los operativos en la zona y se implementarán controles sorpresivos.
Mientras tanto, el barrio sigue atravesado por el silencio y la desconfianza. Las firmas comienzan a sumarse, aunque entre miradas esquivas y voces bajas, en un intento por recuperar una tranquilidad que, según coinciden los vecinos, hace tiempo dejó de ser parte de la vida cotidiana.