El abogado Constitucionalista Eduardo Barcesat cuestionó el accionar del asesor presidencial, Santiago Caputo, contra el diputado radical Facundo Manes, y criticó la decisión del Poder Ejecutivo de nombrar a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto.
Tras el cruce en los pasillos del Congreso, Barcesat sostuvo que se trató de un “acto de violencia institucional», y cargó contra Caputo al que acusó de “patotear” a Manes.
“Veo poca eficiencia por parte de las autoridades legislativas, me refiero a la Vicepresidenta como al presidente de la Cámara de Diputados, que era el dueño de casa, no haber adoptado ninguna medida correctiva frente a este atropello”, postuló en declaraciones a Splendid AM 990.
En la misma línea, se preguntó: “¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera tomado la misma actitud con el Presidente? Se habrían tomado medidas, pero como era un diputado de la oposición la agresión pasó aplaudida por los acólitos, lacayos, que han desmerecido la jerarquía del poder legislativo y que confluye con esta postura de prescindir del Congreso de la Nación».
Críticas al nombramiento de Lijo y Mansilla y pedido de juicio político
Según expuso el constitucionalista, el mandatario, al que definió como “la bestia de la excepcionalidad”, busca relegar al Congreso y gobernar a través de decretos.
“Comete las tropelías institucionales más severas como ha sido el nombramiento en comisión de dos ministros de la Corte Suprema”, sentenció.
Para Barcesat las designaciones de Lijo y García Mansilla por decreto configura “una invasión y una nulificación de la independencia del Poder Judicial de la Nación”, que fue convalidada los ministros de la Corte.
“Durante el gobierno de Macri, Ricardo Lorenzetti, cuando Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron propuestos por decreto, se paró y dijo que no le iba a tomar juramento. Nada ha cambiado para que ahora se haya plegado a la incorporación de Mansillo y Lijo”, aseveró.
Asimismo, pidió que la Cámara de Senadores saque una resolución declarando “la nulidad absoluta e insanable de los nombramientos” y la necesidad de impulsar juicios políticos contra los miembros de la Corte Suprema que tomaron juramento y contra el juez que juró pese a haber rechazado la posibilidad de ser nombrado en comisión.
“Si queremos preservar nuestras instituciones y la división de poderes, la movilización y este ejercicio de la resistencia popular junto con las iniciativas estacionales son las recetas”, planteó, y concluyó: “No queremos muertes, represalias y bestialismos. Queremos institucionalidad”.