Un médico fue procesado judicialmente por haber usado los datos de un paciente para cargar prestaciones médicas nunca realizadas en el sistema informático del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), causando un daño económico a la institución y al afiliado.
La causa es investigada por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, al mando de Diego López Ávila. Siguiendo la teoría del caso, a principios de 2024 A.A, un afiliado al Subsidio de Salud de 69 años, asistió a una cita médica en el sanatorio del Sur con el profesional imputado, cuyo nombre no fue dado a conocer. Luego de ese primer encuentro no volvieron a concretar otra reunión.
En julio de ese mismo año, el hombre quiso solicitar un nuevo turno médico, pero al figurar las consultas como ya “realizadas” en el sistema, no pudo utilizar la cobertura por la que ya había realizado aportes, y se vio obligado a abonar las consultas de manera particular ante otros profesionales por la falta de disponibilidad en su cartilla.
La maniobra
Al denunciar la irregularidad, descubrieron que el acusado habría utilizado los datos del damnificado para ingresar ilegalmente al sistema informático de la obra social provincial y cargar falsas consultas médicas -registradas los días 3 de febrero, 9 de marzo, 13 de abril y 11 de mayo de 2024-, y así lograr que el Ipsst efectuara el pago indebido antes de que se destapara su maniobra.
Tras una serie de averiguaciones y una investigación interna, se constató que el afiliado no se había atendido nuevamente con el profesional y que tampoco había autorizado los registros. En consecuencia, ayer el auxiliar de fiscal, Rogelio Rodríguez del Busto, acusó al médico de ser autor del delito de defraudación agravada por ser víctima la administración pública.
Según advirtió en la audiencia, esta no era la primera vez que el imputado actuaba de manera fraudulenta. En una resolución emitida por el Subsidio de Salud se informó que había sido sancionado en agosto de 2024 luego de que dos afiliados denunciaran no conocerlo ni haber recibido prestaciones que fueron facturadas por él. En esa oportunidad, fue suspendido como prestador de la obra social durante 60 días.
A raíz de esta nueva denuncia, fue suspendido por segunda vez por 120 días. Desde la administración del Ipsst, indicaron que actualmente no tiene fecha de baja de la obra social, pero dijeron que su última facturación fue en junio de 2025.
Luego de exponer la hipótesis fiscal y las evidencias producidas, el representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó que el médico fuera sometido a medidas de coerción de menor intensidad por los próximos cuatro meses, con el fin de asegurar su sujeción al proceso y evitar cualquier entorpecimiento en la recolección de pruebas informáticas. Entre las medidas pendientes, Rodríguez del Busto mencionó que están a la espera de que el Ipsst informe cuál fue el monto que cobró el imputado por las supuestas prestaciones y que el afiliado damnificado entregue los comprobantes de pago de las consultas médicas particulares que tuvo que realizar, para calcular el perjuicio económico que generó.
Tras analizar los elementos presentados, la jueza Eliana Gómez Moreira hizo lugar a las medidas de menor intensidad, pero por el plazo de tres meses.
Fuente: La Gaceta