El ex procurador nacional Bernardo Saravia Frías, quien asesoró positivamente a la Argentina en el conflicto de YPF con Estados Unidos, retiró de forma oficial el patrocinio y la representación legal que su firma brindaba a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán en el trámite ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La dimisión fue enviada al interventor de la institución, CPN Guillermo Norry, con copia al gobernador Osvaldo Jaldo, al ministro de Economía Daniel Abad y al presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf, argumentando deudas en las liquidaciones y una preocupante falta de directivas para avanzar con los plazos legales.
Bernardo Saravia Frías: un jurista de peso
La renuncia de este buffet desvincula a la Caja Popular de uno de los juristas más influyentes del país en materia financiera. Bernardo Saravia Frías fue Procurador del Tesoro de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri —liderando a más de cinco mil abogados del Estado— y Secretario Legal del Ministerio de Hacienda. En el plano internacional, su hito más destacado fue comandar la estrategia de la dirección jurídica argentina en el millonario litigio por la estatización de YPF ante los tribunales de Nueva York.
Previamente, Saravia Frías ocupó el cargo de Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda de la República Argentina. En el plano internacional, tuvo un rol fundamental y de alto nivel al comandar la dirección jurídica de la defensa del país en el millonario litigio por la estatización de la petrolera de bandera ante los tribunales de Nueva York.
Un plan de reconversión que quedó paralizado
El estudio había sido contratado para frenar el durísimo Sumario Financiero N° 1558 del BCRA, que ordenaba el cese de actividades de la Caja por intermediación ilegal. Saravia Frías logró un éxito rotundo a comienzos de 2026 al reconvertir la operatoria y registrar oficialmente a la firma Red de Pagos CPA S.A.U. como Proveedor de Servicios de Pago (PSP). Sin embargo, el avance se frenó en seco.
En su renuncia, el buffet denunció la «ausencia de instrucciones y colaboración por parte de las nueva gestión de la CAJA», advirtiendo que la gestión de Guillermo Norry y Antonio Bustamante congeló el trámite final a pesar de que el plazo para iniciar operaciones vence indefectiblemente el 31 de marzo de 2027, bajo riesgo de sufrir la baja automática de los registros.
Fuente: Enterate Noticias