El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, fue citado a exponer un informe de gestión por la Legislatura provincial. Y en su mensaje a los representantes del pueblo, anunció que el Gobierno está próximo a comenzar a aplicar la Ley de Narcomenudeo.
En la sesión de ayer, la Cámara provincial aprobó los pliegos de los magistrados provinciales que se abocarán a la lucha contra los vendedores de droga a baja escala en Tucumán.
Se trata de un paso fundamental para la puesta en marcha del sistema que permitirá «desfederalizar» el combate contra los «dealers» barriales.
El ministro fue convocado hoy por la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, que preside el oficialista Roberto Osiris Chustek. Allí, fue consultado sobre esta normativa.
«Faltan trámites administrativos pero ya estamos muy cerca del objetivo de concretar la implementación de la ley (de Narcomenudeo). Esperamos poder hacerlo desde el 1 de noviembre», expresó Agüero Gamboa.
Además, destacó la política de capacitación para la fuerza provincial, de cara a la puesta en vigencia de este nuevo régimen.
«La Dirección de Drogas Peligrosas y toda la Policía se viene formando con cursos dados por el Ministerio, por la Nación y por Gendarmería», indicó. Y anticipó que, «con la ley en curso, vamos a seguir con estas tareas».
Por qué la Ley de Narcomenudeo es clave para el Gobierno
Los delitos relacionados a la venta de drogas son de competencia exclusiva de la Justicia federal. Sin embargo, la Ley Nacional 23.737 (Narcotráfico) prevé en el artículo 34 que, mediante una normativa de adhesión, los distritos provinciales pueden asumir también esta función, aunque con limitaciones.
En concreto, este sistema permite la «desfederalización» de los expedientes sobre venta de drogas «cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor».
Esta definición, en términos generales, comprende sobre todo a los denominados «dealers» o «transas» barriales.
La idea de que los fueros provinciales asuman la competencia de estos expedientes es que la Justicia federal se enfoque en perseguir a las grandes organizaciones de narcos, y que los tribunales locales y las fuerzas de seguridad se dediquen a los vendedores «al menudeo».
En 2014, el Gobierno provincial había intentado poner en marcha este sistema mediante una ley de adhesión. Pero su aplicación permaneció judicializada hasta abril de este año.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, considera que la puesta en marcha de este sistema es clave para fortalecer la lucha contra el delito en la provincia.
«Avanzamos hacia la implementación de la ley que apunta a combatir la comercialización de drogas en pequeña escala, con el principal objetivo de cuidar la vida de las y los tucumanos», aseguró ayer el titular del Poder Ejecutivo.