Sobre el cierre de octubre, en el Gobierno conviven posturas contrapuestas en torno al futuro de la reforma electoral y las negociaciones para alcanzar acuerdos con los gobernadores aliados, mientras crecen las dudas sobre los plazos para avanzar con el proyecto en el Congreso.
En los despachos que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se muestran expectantes por el diálogo que mantiene el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los representantes provinciales y aseguran que en los próximos días podría haber novedades sobre las conversaciones.
En las filas oficialistas coinciden en que los radicales son quienes mayor resistencia ofrecen para acompañar a La Libertad Avanza (LLA) en la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
En particular, señalan al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien busca resistir las intenciones del armado libertario de impulsar a Luis Petri como candidato a sucederlo en las próximas elecciones.
En Casa Rosada, en tanto, descuentan que, si logran avanzar con los radicales, el PRO también respaldará el proyecto, que contempla, además de la eliminación de las PASO, modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia, entre otros puntos.
«Dependerá de Patricia (Bullrich) porque el avance debe ser en el Senado. En los próximos días tendremos novedades», expresó un integrante de la mesa política ante la Agencia Noticias Argentinas.
Sin embargo, otros sectores de la administración libertaria se muestran más pesimistas y advierten que, si el Senado no logra emitir dictamen sobre el proyecto durante la próxima semana, el escenario se complejizará y la mesa política deberá rediseñar la estrategia electoral de cara a 2027.
«Si no lo resolvemos antes de fin de mes, tenemos que repensar la estrategia con un escenario de PASO y competir en todos lados», sostuvo un integrante del ala política ante esta agencia.
La reconfiguración contempla la posibilidad de presentar listas propias en todas las provincias, aunque en el oficialismo aclaran que mantendrán consideraciones especiales con los gobernadores que se mostraron dispuestos a acompañar al Gobierno.
La presión sobre los aliados aumenta a medida que se acerca el cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre.
Por su parte, la posibilidad de suspender las PASO para el próximo año o habilitar el tratamiento de la reforma durante las sesiones extraordinarias pierde fuerza ante el riesgo de una eventual judicialización. En el Gobierno advierten sobre la necesidad de concretar los cambios antes del inicio del año electoral, en línea con los planteos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).