La investigación judicial por una presunta estafa piramidal que puso bajo la lupa a Franco David Alderete, el empresario tucumano de 31 años acusado de haber captado fondos de inversores mediante promesas de altas rentabilidades que, según las denuncias, nunca pudo sostener, permitió establecer un perjuicio económico denunciado que supera los $ 530 millones, aunque los investigadores estiman que esa cifra podría cuadruplicarse cuando el caso tome mayor estado público y se sumen nuevas presentaciones judiciales.
La causa presenta dos particularidades que la distinguen de otros expedientes similares. La primera es que el dinero era captado bajo la promesa de financiar la compra de suplementos alimentarios y productos tecnológicos en China. A cambio, quienes invertían en pesos recibían la oferta de una rentabilidad mínima mensual del 7%, porcentaje que aumentaba para aportes superiores a los $ 20 millones. En el caso de las inversiones realizadas en dólares, la empresa prometía un rendimiento del 3,5% mensual, independientemente del capital aportado.
La segunda singularidad del caso es que el propio Alderete decidió presentarse voluntariamente ante el fiscal Fernando Blanno cuando tomó conocimiento de que comenzaban a radicarse denuncias en su contra. Durante su declaración aseguró que no había cometido ninguna maniobra fraudulenta y atribuyó la situación a problemas financieros que le impidieron continuar cumpliendo con los compromisos asumidos con los inversores.
Ante la Justicia, el empresario explicó que Lebron Group SA comenzó a operar en 2020 desde un departamento ubicado sobre avenida Mitre al 100 y posteriormente trasladó sus oficinas a otro inmueble de la misma avenida, al 500. También señaló que constituyó la sociedad junto a su primo, Iván Manzur Eter.
Según declaró, durante varios años desarrollaron actividades comerciales vinculadas con compras, ventas, relación con proveedores y trámites de habilitación. Indicó además que posteriormente comenzaron a recibir fondos de acreedores, entre ellos Patricia Ghiggia, su tía y madre del administrador de la firma, quien terminó convirtiéndose en la primera denunciante de la causa.
Alderete sostuvo que el grupo desarrollaba dos actividades económicas paralelas: por un lado, las operaciones financieras cuestionadas por los denunciantes y, por otro, la administración de comercios dedicados a la venta de suplementos alimentarios en San Miguel de Tucumán, Lules y Yerba Buena.
Los denunciantes aportaron a la causa fotografías y otros elementos que, según sostienen, demostrarían el elevado nivel de vida del empresario. Entre las pruebas incorporadas figuran imágenes de viajes por distintos países de Europa y otros destinos turísticos, registros de vehículos de alta gama y fotografías tomadas en una vivienda ubicada en un country de Yerba Buena.
El acusado rechazó esas afirmaciones durante su declaración. «Jamás exhibí ningún bien falso ni tampoco ningún patrimonio que no tenga. Mi auto es modelo 2012 y tampoco poseo casas; alquilo el inmueble en el que vivo», manifestó ante el fiscal.
La investigación también reveló que Alderete expresaba abiertamente en sus redes sociales su respaldo al presidente Javier Milei y se mostraba como simpatizante y militante de La Libertad Avanza. Incluso, allegados y algunos denunciantes afirmaron que tenía aspiraciones de competir como candidato a intendente de Lules. Sin embargo, referentes del espacio libertario negaron que integre formalmente la estructura partidaria.
Las víctimas aseguran que los primeros incumplimientos en el pago de intereses comenzaron durante 2023, aunque sostienen que el empresario continuó incorporando nuevos inversores al menos hasta diciembre del año pasado.
«Esa es una prueba concreta de que estamos ante una maniobra perfectamente planificada. Pese a que sabía que no estaba en condiciones de asumir nuevos compromisos, seguía incorporando inversionistas», sostuvo el abogado querellante Juan Pablo Bello.
Mientras atravesaba esas dificultades financieras, Alderete diversificó sus actividades comerciales. Además de continuar con Grupo Lebron SRL junto a su expareja, creó Children SAS, dedicada a la explotación de jardines maternales. Posteriormente, cuando ARCA bloqueó el CUIT de esa firma por motivos que no fueron precisados, constituyó Total Finans SAS, administrada por Celeste Salvatierra, que pasó a reemplazar a la empresa anterior.
Según su propio testimonio, el grupo llegó a operar cinco locales comerciales y un bar dentro de la sucursal de Yerba Buena, estructura que demandaba gastos mensuales cercanos a los $ 25 millones y daba empleo a unas 40 personas. Con el agravamiento de la crisis financiera, parte del personal fue despedido o renunció y posteriormente promovió demandas laborales.
«Hace un tiempo que la empresa entró en cesación de pagos por problemas financieros. Estoy aquí para ponerme a disposición y aportar cualquier documentación que sea necesaria», declaró Alderete ante el fiscal.
También afirmó que la firma realizó pagos a los acreedores «hasta último momento» e intentó sostener la actividad el mayor tiempo posible, aunque aseguró que actualmente resulta inviable continuar abonando los intereses comprometidos y reiteró su disposición para entregar toda la documentación requerida por la Justicia.
La explicación fue cuestionada por representantes de las víctimas. «Esa es una excusa recurrente de las personas que se ven involucradas en maniobras de este tipo. Hablan de cesación de pagos y no de una estafa», afirmó el abogado Juan Guerrero. «Eso deberá demostrarlo. Pero desde ya le digo que es falso que estén cumpliendo con los pagos comprometidos», agregó.
Uno de los denunciantes incorporó además un dato que podría convertirse en una pieza relevante de la investigación. Según declaró y luego ratificó judicialmente, Alderete le explicó que la crisis financiera comenzó cuando un contenedor con mercadería quedó retenido en la aduana de Estados Unidos, situación que —según su versión— le impidió afrontar las obligaciones asumidas con los inversores.
Como alternativa para cancelar esas deudas, siempre de acuerdo con esa denuncia, el empresario habría ofrecido entregar suplementos alimentarios, máquinas para gimnasios, terrenos, cheques y electrodomésticos, aunque sin exhibir documentación que acreditara la existencia de esos bienes. Los investigadores sospechan que esa misma modalidad habría sido utilizada con otros acreedores, un aspecto que será analizado a medida que avance la causa./Contexto