En diciembre, al menos un menor de edad participó en el asesinato de Jeremías Monzón, un chico de 15 años, en la provincia de Santa Fe. Los investigadores encontraron su cuerpo en un galpón en las inmediaciones de la cancha del Club Colón y la autopsia reveló que tenía más de 20 heridas de arma blanca.
Los autores serían menores de edad, de entre 14 y 17 años, entre ellos la ex novia de Jeremías, que temía por la difusión de un video íntimo. La chica, de 16 años, está detenida en un Centro Especializado para Menores y esta semana la Justicia detuvo a la mamá de la adolescente.
El asesinato de Jeremías, que habría sido filmado, generó conmoción en la sociedad y la política recogió el guante: este martes el Ejecutivo publicó el decreto 53/2026 que ordenó incluir en el temario de las sesiones extraordinarias, que comienzan el 2 de febrero, el tratamiento de “Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”. El decreto lleva las firmas del presidente, Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Este lunes, Adorni había anticipado en un mensaje en la red social X que se incluiría el tema en las sesiones extraordinarias y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, compartió el mensaje y afirmó que “la sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”.
Durante el tratamiento en el Congreso “vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”, azuzó Bullrich.
Ya el viernes la ex ministra de Seguridad había anticipado en otro mensaje en X: “Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”.
“Se dice que la Argentina legisla en estado de emoción violenta”, dijo la jueza del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, María Noel Costa, en una entrevista este martes con Urbana Play. La magistrada recordó el fallo “Maldonado” de la Corte Suprema de Justicia (que se firmó con otra composición del Máximo Tribunal) en el que los jueces resaltaron que “la madurez emocional de un adolescente no es la misma que la de un adulto”.
Costa indicó que el Máximo Tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ratificó en otra sentencia lo dispuesto en el fallo “Maldonado”. Para la jueza cordobesa se trata de “buscar medidas alternativas y complementarias” al encierro para los adolescentes.
En diálogo con PERFIL, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó que el régimen penal juvenil vigente data de 1980, cuando la Junta Militar estaba a cargo del dictador Jorge Rafael Videla. En ese momento, la edad a partir de la cual se podía imputar a un menor era de 14 años y con la vuelta de la democracia, en 1983, se elevó a 16 años pero a pesar de los fallos de la Corte Suprema de Justicia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron cambiar dicho régimen, este nunca se modificó de forma integral sino por partes.
“El proyecto del Gobierno quiere volver a la edad de imputabilidad que impuso Videla en dictadura”, remarcó Gil Domínguez y aportó un dato: según las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, solo el 2,5% de los delitos fueron cometidos por menores de 16 años. Y la mayoría de ese universo fueron delitos contra la propiedad (no homicidios). “No tenemos el problema de menores cometiendo delitos gravísimos en forma masiva, sin embargo el caso de Jeremías Monzón en Santa Fe impacta”, admitió Gil Domínguez.
El abogado constitucionalista sostuvo que “el régimen penal juvenil tiene que tener como objetivo generar introspección en el chico o la chica respecto de la falta, si se piensa solo a efectos de castigar a esa edad, es contrario al interés superior del niño”. Para Gil Domínguez, la decisión del Gobierno de tratar este tema en sesiones extraordinarias tiene que ver con el “oportunismo político”. “Busca hacer discutir a la sociedad sobre este tema para que pase la reforma laboral”, indicó.
Un juez penal de la provincia de Buenos Aires consideró, en diálogo con PERFIL, que “es necesaria la reforma” pero dijo que lo más importante será definir qué pasa con los menores de 13 que puedan delinquir. El magistrado remarcó que la Justicia tendría que poder trabajar con esos menores antes de que recuperen la libertad. “Ahora los chicos recuperan la libertad quizas antes de que se recupere el auto robado”, sostuvo. “Al gobierno no le está yendo mal en el Congreso, entonces aceleran”, planteó en cuanto a los tiempos para debatir esta reforma.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también había objetado el texto que Diputados aprobó en un plenario de comisiones en mayo del año pasado. Aseguró que era un dictamen que no distinguía “la infancia de la adultez”.
“Un adolescente que pasa por el sistema penal queda marcado y su reinserción en la sociedad es muy difícil. La propuesta no prevé ningún acompañamiento ni formas de reinserción para prevenir conductas conflictivas. Tampoco aporta estrategias para evitar la reincidencia”, enfatizó el CELS.
El organismo de Derechos Humanos tuvo en cuenta un informe de UNICEF que señala que no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población. Argentina, cuya imputabilidad penal comienza a los 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicándose muy por debajo de otros países de la región. Brasil y México alcanzan un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes (según datos de 2023) con una edad de imputabilidad de 12 años.
La fiscal Mónica Cuñarro apuntó en diálogo con PERFIL sobre el financiamiento de la iniciativa: “¿El gobierno enviará una partida presupuestaria extra?”, se preguntó y remarcó que en el pasado ya se discutieron otras reformas pero no se determinó cómo financiar medidas educativas y otras que contribuyan a la resocialización, como la dotación de recursos humanos.
La fiscal, que estuvo especializada en Menores, y es docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advirtió que “si el proyecto se aparta de la Convención de los Derechos del Niño será inconstitucional”. Para la funcionaria judicial este tipo de iniciativas de aumentar penas y sancionar leyes especiales sin recursos está ligada al “punitivismo populista”, con propuestas similares en países como Cuba, Venezuela o China. “Sin recursos y una técnica que respete la Convención (de los Derechos del Niño), será un típico spot publicitario”.
Fuente: Perfil