La Municipalidad de Yerba Buena pondrá en marcha hoy la ordenanza que establece la realización de narcotests a los funcionarios públicos de la ciudad. El intendente Pablo Macchiarola será uno de los primeros en someterse voluntariamente al examen, junto con el presidente del Concejo Deliberante, Javier Jantus, y el concejal Mauricio Argiró.
Los primeros controles se realizarán en el Centro de Salud Municipal Ramón Carrillo y marcarán el inicio de la aplicación de una normativa que alcanza a las principales autoridades políticas del municipio, incluidos el intendente, secretarios, subsecretarios, directores, concejales y prosecretarios.
Según explicó el municipio, la iniciativa apunta a garantizar la aptitud psicofísica de quienes ejercen funciones públicas, fortalecer la transparencia institucional y prevenir el consumo de sustancias incompatibles con las responsabilidades del cargo.
Cómo serán los controles antidrogas
Los exámenes se realizarán mediante muestras de orina y estarán destinados a detectar rastros de seis tipos de drogas. La selección de los funcionarios que deberán someterse a los controles se determinará por sorteo, una vez al año, bajo un protocolo que establece la confidencialidad de los resultados.
La directora del Centro de Salud Municipal, Flavia Ileana Molé, explicó que el procedimiento contempla la recolección de una muestra en un frasco estéril, que se abre en el momento de la toma. Luego, la muestra queda bajo custodia policial para garantizar su resguardo.
La ordenanza establece que los estudios deberán realizarse antes de asumir el cargo y, posteriormente, de manera anual y aleatoria. Los análisis estarán a cargo de laboratorios habilitados y deberán respetar la cadena de custodia, un procedimiento que busca asegurar que las muestras no sean alteradas.
Qué sucede si un narcotest da positivo
La normativa establece que los controles no tienen un carácter punitivo, sino que buscan reforzar la responsabilidad de los funcionarios y brindar garantías a los vecinos sobre quienes tienen a su cargo las decisiones públicas.
En caso de que un examen arroje un resultado positivo, el funcionario tendrá cinco días para solicitar una contraprueba. Si el resultado se confirma, la ordenanza prevé una suspensión de al menos 90 días hábiles, período durante el cual deberá acreditar que inició un tratamiento de recuperación.
La destitución no será automática. Según el régimen aprobado, esa posibilidad quedará vinculada a una eventual reincidencia o al incumplimiento de las obligaciones previstas, situaciones que podrían encuadrarse como una falta grave.
Una ordenanza aprobada en julio
El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó la ordenanza el 2 de julio, luego de unificar los proyectos presentados por los concejales Mauricio Argiró y Gabriela Garolera en un dictamen de consenso impulsado por Javier Jantus.
La votación terminó empatada y fue el propio presidente del cuerpo quien debió desempatar. Argiró defendió la iniciativa al señalar que busca reforzar el compromiso institucional frente al narcotráfico, mientras que Garolera destacó el acuerdo entre distintos espacios políticos y la prioridad otorgada al tratamiento de recuperación antes de una eventual separación del cargo.
La propuesta también generó cuestionamientos desde la oposición. El concejal Walter Aráoz planteó que ya existen normas provinciales y municipales sobre la materia y advirtió que el régimen aprobado no contempla controles para detectar anfetaminas y psicofármacos.
En el ámbito provincial, Tucumán cuenta desde 2016 con la Ley 8.850, que establece como requisito para permanecer en cargos políticos y jerárquicos «carecer de adicción a drogas ilegales».