El fiscal general de Brasil acusó formalmente este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 33 personas por un presunto intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.
Bolsonaro, de 69 años, fue acusado de cinco cargos por el supuesto intento de impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo. El Procurador General de la República, Paulo Gonet Branco, presentó la denuncia ante la Corte Suprema «con base en manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el esquema para perturbar el orden democrático», indicó su oficina en un comunicado.
“Describen con todo detalle el complot conspirativo montado y ejecutado contra las instituciones democráticas”, agrega. Una de las acusaciones es por el delito de «organización criminal armada», supuestamente liderada por Bolsonaro y su candidato a vicepresidente, Walter Braga Netto.
“Aliados con otros individuos, incluidos civiles y militares, intentaron impedir, de manera coordinada, que se cumpliera el resultado de las elecciones presidenciales de 2022”, se lee en el comunicado.
La fiscalía utilizó como base un informe de la policía federal de más de 800 páginas, que demoró dos años y encontró que Bolsonaro era «plenamente consciente y participó activamente» en el complot para aferrarse al poder.
Bolsonaro ha negado las acusaciones y dijo que fue víctima de «persecución». «El intento de golpe de Estado… se ha convertido en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro», escribió su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, en X.
Los detalles de la denuncia contra Jair Bolsonaro
Según el comunicado de la oficina de Branco, la trama comenzó en 2021, con «ataques sistemáticos al sistema de votación electrónica, a través de declaraciones públicas y en internet».
Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, los organismos de seguridad se movilizaron para «impedir que los electores votaran por el candidato de la oposición», señala el comunicado.
Los implicados en esta etapa trabajaron para facilitar «los actos de violencia y vandalismo del 8 de enero de 2023», cuando partidarios de Bolsonaro irrumpieron en el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia.
La Procuraduría General de la República afirmó que la organización criminal encabezada por Bolsonaro habría presionado a los jefes del Ejército «a favor de acciones de fuerza en el escenario político para impedir que el presidente electo asumiera el cargo».
Las investigaciones también mostraron un complot para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a un juez de alto perfil con «la aprobación» de Bolsonaro. Según el comunicado, los disturbios del 8 de enero protagonizados por partidarios de Bolsonaro que instaron a los militares a intervenir fueron «el último intento».
La Corte Suprema ahora evaluará las acusaciones y decidirá si inicia procesos contra Bolsonaro. Horas antes de que se presentaran los cargos, Bolsonaro dijo a los periodistas en la capital Brasilia que no tenía «ninguna preocupación» sobre la posibilidad de ser acusado. Habló en el Senado, donde ha estado presionando por una amnistía para sus partidarios que fueron encarcelados después de los disturbios de Brasilia.
El Tribunal Supremo ha condenado a casi 400 personas por invasión de las sedes del poder. Bolsonaro, que estaba en Estados Unidos el día de los disturbios, desestimó la acusación en su contra en una reciente entrevista con CNN Brasil.
«¿Qué golpe es éste del que me acusan? ¿De estar allí en Orlando, en Disney, con Mickey, Goofy y el Pato Donald, planeando un golpe aquí en Brasil?» Cuando se le preguntó qué pasaría si lo arrestaran, Bolsonaro dijo: «Voy a ir a la cárcel, no me voy de Brasil. No voy a huir de Brasil».
El presidente del máximo tribunal de Brasil, Luis Roberto Barroso, dijo el lunes que Bolsonaro será juzgado sin «una visión politizada». A Bolsonaro se le ha prohibido ejercer cargos públicos hasta 2030 por poner en duda el sistema electoral de Brasil durante su fallida campaña de reelección.
Sin embargo, a pesar de estar sumido en problemas legales, está tratando de desafiar la duración de su prohibición política en un intento de postularse nuevamente para un cargo en las elecciones de 2026.
«¿Vamos a hacer elecciones sin oposición aquí en Brasil? Porque sin mí en la derecha, hoy en día, no hay oposición», dijo a CNN Brasil.