El sábado por la tarde la Unidad Fiscal Criminal del Ministerio Público Fiscal imputó a una pareja, domiciliada en Villa Mariano Moreno, Las Talitas, por la falsificación de instrumentos públicos en concurso ideal con falsificación de instrumentos privados, en calidad de coautores, por dedicarse a la venta de certificados médicos truchos.
La mujer reveló durante la audiencia que se desempeña como auxiliar de Enfermería, mientras que el hombre, trabaja como taxista.
«Se trata de un hecho sumamente grave y se han secuestrado numerosos sellos y formularios con el nombre de distintos profesionales. Necesitamos, por lo tanto, saber cómo llegaron a su poder. Para ello, debemos hablar con los dueños de estos sellos y del personal mencionado para saber las circunstancias. Por la cantidad de gente involucrada directa o indirectamente, en libertad, podrían obstaculizar la investigación», expuso la auxiliar fiscal Julieta García.
Al momento de señalar las evidencias, se centró en las capturas de pantalla de las redes sociales y la investigación llevada a cabo por la División de Cibercrimen de la Policía, tras la primera denuncia efectuada por la directora del policlínico de Villa Mariano Moreno.
“Menciona que le pasaron una captura de un grupo de compra y venta donde la acusada ofrecía certificados por dengue entre otros, a nombre de un médico que no trabajaba en el Caps, con un sello medalla que no pertenecía al lugar”, detalló la funcionaria judicial.
Según la imputación, todo comenzó el 23 de noviembre de 2023 y hay evidencias que de la operación siguió vigente hasta el 3 de abril.
«De forma continua y reiterada en su domicilio de Villa Mariano Moreno (Las Talitas), ambos confeccionaron y comercializaron por la red social Facebook variados documentos apócrifos tanto de carácter público como privado, insertando en ellos firmas, sellos y demás signos propios y atribuyendo su autoría a terceros con el fin de dotarlos de apariencia de autenticidad», describió la auxiliar fiscal.
«Para hacerlos genuinos, utilizaron diversos sellos de instituciones como así también de profesionales o funcionarios de estas entidades públicas, provocando con su accionar un perjuicio a la fe pública», completó.
El juez actuante decidió la legitimidad de la aprehensión, llevada a cabo el mismo sábado, avaló la formulación de cargos y la prisión preventiva, por el plazo requerido, que fue de 30 días.