El legislador José Cano advirtió sobre los riesgos de la reciente operación de venta de la empresa distribuidora de energía EDET. Señaló la falta de consulta al Ejecutivo provincial y al Ente Regulador, y advirtió que la maniobra incumpliría las condiciones legales del contrato de concesión.
El legislador José Cano expresó su alarma ante la venta de la empresa distribuidora de energía EDET, que se habría concretado sin la aprobación ni consulta del Gobierno de Tucumán ni del Ente Regulador (ERSEPT). “Estamos ante una operación que podría ser nula de pleno derecho si no se respetaron los mecanismos establecidos por el contrato de concesión”, afirmó.
Cano recordó que los artículos 11 y 12 del contrato de concesión obligan a la empresa a informar de manera inmediata toda modificación societaria, y establecen que la responsabilidad sobre las inversiones y el aprovisionamiento energético sigue siendo exclusiva de la distribuidora, sin importar quién esté al frente. “No puede permitirse que una empresa clave para el desarrollo provincial cambie de manos sin control estatal”, advirtió.
Al mismo tiempo, el legislador propuso aprovechar esta coyuntura como una posibilidad de mejora: “La venta puede ser una oportunidad, siempre y cuando el nuevo grupo que se haga cargo cumpla con tres condiciones básicas: (a) respetar el plan de inversiones para mejorar el servicio a los usuarios, (b) ponerse al día con CAMMESA y no generar nuevas deudas, y (c) no usar el dinero que pagan los tucumanos para financiar otros negocios energéticos o financieros ajenos a la provincia”.
Cano fue categórico al exigir que el Gobierno provincial investigue los antecedentes del grupo Edison, uno de los presuntos compradores. “El grupo financiero propietario habría vendido la Distribuidora EDET sin consulta o anuencia del Poder Ejecutivo Provincial y el Ente regulador de Servicios que son quienes deben aprobar la operación. Se habría vendido la empresa EDET a un grupo integrado en un 50% con el grupo a cargo de la Distribuidora de Río Negro, por lo que habría que investigar su relación con CAMMESA, y el 50% restante a empresas dedicadas a la fabricación de televisores y alfajores sin experiencia en la gestión de la distribución de energía a los usuarios de una provincia”, remarcó.
Frente a esta situación, anunció que presentará pedidos de informes para exigir transparencia y advertir sobre los riesgos que corre el sistema energético provincial. “El Estado no puede ser cómplice por omisión. Estamos hablando de una empresa estratégica y de los derechos de más de medio millón de usuarios tucumanos”, concluyó.