El legislador Jose Cano presentó formalmente el proyecto de una nueva Ley Orgánica para la Policía de Tucumán, con el objetivo de actualizar una normativa que data de 1970. La propuesta centraliza la eficiencia operativa definiendo claramente las funciones de la Policía de Seguridad y de la Policía de Investigaciones Judiciales, garantizando roles específicos para el resguardo de la vida y los bienes de los ciudadanos. En este sentido, se destaca que la Policía de Investigaciones Judiciales actuará bajo una objetividad absoluta, con una prohibición taxativa de realizar persecuciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, garantizando que su labor sea estrictamente judicial y ajena a cualquier interés partidario.
Uno de los pilares de la reforma es la profesionalización de la cúpula policial, exigiendo títulos terciarios o universitarios para acceder a los cargos de Jefe y Subjefe de Policía. Además, el proyecto prohíbe que el personal en actividad participe o se postule en actos de la vida política, buscando preservar la neutralidad y el carácter técnico de la fuerza de seguridad. Esta modernización pone el foco en la vocación de servicio de los agentes, estableciendo que el proceso de selección y la instrucción constante deben formar profesionales capaces de responder a los desafíos actuales con integridad. Bajo esta misma lógica de eficiencia, se revaloriza el área de Inteligencia Criminal, que pasará a depender directamente del Jefe de Policía dada la sensibilidad de la información que produce, contando siempre con la supervisión directa del Ministerio de Seguridad.
La transparencia se refuerza mediante la creación de la Inspectoría General de Asuntos Internos, un organismo conformado por profesionales civiles bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta oficina tendrá la facultad de auditar procedimientos y recibir denuncias de ciudadanos o de los mismos efectivos sin riesgo de represalias, asegurando que el accionar policial se ajuste estrictamente a los derechos humanos. Asimismo, la ley promueve el respeto a la investidura policial, estableciendo que el personal debe recibir un trato digno por parte de la sociedad y que sus actuaciones legales gocen de plena validez, respaldando el compromiso de quienes defienden a la comunidad.
Finalmente, la iniciativa propone la creación de Comandos Unificados para combatir delitos complejos como el lavado de activos y el ciberdelito, entendiendo que estas maniobras financieras se encuentran hoy estrechamente ligadas al narcotráfico y al narcomenudeo. Para fortalecer la cercanía con la comunidad, se establece que todos los patrulleros deberán estar identificados con su número telefónico y repartición, facilitando el control social y la transparencia en el servicio.