Tras los dolorosos femicidios de Erika Álvarez y Luisa Mendoza, el Legislador José Cano exigió al Gobierno provincial que la Emergencia en Violencia contra la Mujer deje de ser una declaración administrativa que se renueva año tras año y pase a ser una política activa de protección. Cano remarcó que, si bien la herramienta legislativa es fundamental y por eso presentó su prórroga, de poco sirve tener la ley vigente si no existe la decisión política de cumplirla.
«No podemos naturalizar este escenario. En menos de 20 días de enero ya lamentamos dos muertes que nos duelen a todos. La realidad demuestra que hoy fallan o no se aplican las estrategias correctas para garantizar la ayuda proactiva a las víctimas, entre ellas la comunicación efectiva y el acceso a la información: las mujeres maltratadas muchas veces no saben a dónde concurrir ni dónde están ubicados los lugares de contención», sostuvo Cano.
El parlamentario hizo hincapié en la falta de cumplimiento de los Artículos 6 y 7 de la normativa vigente, que exigen campañas de difusión masiva. «Si la información no llega, el Estado abandona. La emergencia debe generar empatía y acercamiento de las víctimas, no que sigan con miedo de ser asesinadas por no saber quién las puede proteger. Exigimos que se cumpla la ley y se informe masivamente dónde están los refugios y los centros de ayuda», sentenció.
Por último, Cano reclamó que la Mesa Institucional deje de ser una formalidad y rinda cuentas sobre por qué, tras años de emergencia declarada, los índices de violencia continúan. «Necesitamos que las herramientas que votamos en la Legislatura lleguen a cada mujer en peligro antes de que sea tarde», finalizó.